Redacción – Panorama Económico
Panamá avanza en uno de los proyectos de infraestructura hídrica más importantes de su historia. El proyecto de Río Indio, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para fortalecer la seguridad hídrica nacional, contempla una inversión aproximada de 1,500 millones de dólares y podría iniciar su construcción en 2028, tras la licitación de diseño y construcción prevista para 2027.
El anuncio fue realizado por Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la ACP y futura administradora de la vía interoceánica, durante el Foro de Ambiente 2026 de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, titulado “Agua, capital y nuevas tecnologías: pilares del desarrollo económico”.
El encuentro reunió a autoridades, especialistas, organismos internacionales, representantes empresariales y organizaciones de la sociedad civil para analizar los desafíos de la gestión hídrica en Panamá y las oportunidades para fortalecer la sostenibilidad del recurso.
Espino de Marotta explicó que actualmente se desarrollan de manera simultánea los avalúos de terrenos, los estudios socioeconómicos de las familias que podrían ser reasentadas y la fase final del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, cuya presentación ante el Ministerio de Ambiente está prevista entre diciembre de 2026 y enero de 2027.
La futura administradora del Canal detalló que aproximadamente 400 millones de dólares del presupuesto total estarán destinados a compensación ambiental y reasentamiento de comunidades, un proceso que se ejecutará gradualmente durante los próximos cuatro años.
“Río Indio es un proyecto país. No se trata únicamente de una iniciativa del Canal de Panamá, sino de una obra necesaria para garantizar el abastecimiento de agua potable a más de dos millones de personas que dependen de las plantas potabilizadoras alimentadas por los lagos del Canal”, afirmó.
Además de asegurar el suministro para las poblaciones de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón, el proyecto busca fortalecer la confiabilidad operativa de la ruta interoceánica frente a los efectos del cambio climático y los períodos de sequía cada vez más frecuentes.
La funcionaria indicó que el Canal ya implementa medidas preventivas ante la posible llegada del fenómeno de El Niño y adelantó que podrían realizarse ajustes menores en los niveles de calado de los buques. Sin embargo, aclaró que actualmente no se proyectan restricciones en el número de tránsitos.
Asimismo, destacó que la ACP ha sostenido más de 200 reuniones con las comunidades involucradas en el proyecto. Según explicó, muchas familias han manifestado su interés en permanecer cerca de sus lugares de origen, por lo que se trabaja en la identificación de terrenos ubicados entre cinco y siete kilómetros de sus actuales residencias.
Durante la apertura del foro, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, señaló que Panamá enfrenta una paradoja al contar con una de las mayores disponibilidades hídricas de la región, mientras miles de ciudadanos continúan enfrentando dificultades de abastecimiento y saneamiento.
“Garantizar agua potable de calidad no es solamente una obligación social; es una condición indispensable para atraer inversiones, impulsar el desarrollo de las provincias, fortalecer el turismo, mejorar la productividad y construir un país más competitivo”, expresó.
De Sanctis también subrayó la necesidad de fortalecer la gobernanza del agua, mejorar la coordinación interinstitucional y avanzar hacia una política de Estado que garantice continuidad en la planificación y ejecución de los proyectos hídricos.
Por su parte, Ian Moreira afirmó que el acceso al agua debe constituir una prioridad nacional.
“Panamá tiene abundancia de agua, pero también serios problemas de gestión y distribución. No podemos aspirar a una economía más productiva mientras miles de personas enfrentan dificultades para acceder a este servicio básico”, manifestó.
Para APEDE, el debate sobre la gestión del agua debe trascender los períodos gubernamentales y consolidarse como una agenda nacional de largo plazo, capaz de garantizar que el país responda tanto a las necesidades de su población como a los desafíos derivados del cambio climático y el crecimiento económico.