Redacción – Panorama Económico
Panamá. – La tarde de este martes 3 de febrero de 2026, la empresa Panama Ports Company, S.A. (PPC) informó que inició un proceso de arbitraje contra la República de Panamá, en virtud del contrato de concesión vigente y conforme a las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Mediante un comunicado la empresa señaló que la decisión se produce tras lo que califica como una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, en el marco de un año marcado por acciones que, según sostiene, han generado daños graves y otros perjuicios inminentes, sin que medidas similares hayan sido aplicadas a contratos comparables dentro del sector portuario.
De acuerdo con la compañía, el arbitraje fue presentado luego de múltiples intentos de consulta y comunicaciones dirigidas al Estado panameño con el fin de evitar una controversia formal. PPC asegura que, mientras continuaba operando los puertos y cooperando con las autoridades, transmitió reiteradamente sus preocupaciones y solicitó aclaraciones, sin obtener respuestas satisfactorias.
Base del arbitraje
El reclamo se fundamenta en el contrato de concesión y en el marco jurídico que, según la empresa, ha operado durante casi tres décadas bajo la figura de “contrato-ley”, otorgando estabilidad y seguridad jurídica. PPC sostiene que la República de Panamá ha incumplido las obligaciones contractuales y legales aplicables.
La empresa solicita una indemnización que será determinada con base en la evaluación de datos financieros relevantes, además de otros remedios que considere pertinentes, reservándose todos sus derechos.
Contexto del conflicto
Como parte del trasfondo del arbitraje, PPC indica que el Estado habría revertido posiciones históricas respecto al marco jurídico y contractual, además de impulsar o respaldar acciones legales destinadas a invalidar el contrato de concesión, resultado de un proceso de licitación internacional.
La compañía también hizo referencia a un comunicado de prensa emitido por el Órgano Judicial la noche del 29 de enero de 2026, relacionado con un fallo que declara inconstitucional la Ley Nº 5 de 16 de enero de 1997, entre otras disposiciones. PPC destacó que el fallo aún no ha sido publicado oficialmente ni ha entrado en vigor.
Posteriormente, según la empresa, el Estado Panameño anunció medidas orientadas a asumir el control de las operaciones portuarias, incluyendo visitas e instrucciones para proporcionar acceso a instalaciones físicas, información comercial y técnica, así como a su personal, en el marco de un plan de transición.
PPC afirmó que ha continuado gestionando las operaciones portuarias y manteniendo comunicación con representantes estatales, al tiempo que ha solicitado acceso al plan anunciado para coordinar cualquier proceso.
La compañía resalta que, junto a sus inversionistas, ha realizado inversiones significativas en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, contribuyendo a la generación de miles de empleos y al posicionamiento de Panamá como centro logístico de relevancia internacional.
Finalmente, PPC reiteró su disposición a mantener consultas con el Estado panameño para buscar una solución al conflicto.