Luego se haber concluida las negociaciones con Minera Panamá, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen, ratificó que el 50% de los ingresos anuales (375 millones), es decir 187.5 millones por extracción de cobre serán para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.) de la Caja de Seguro Social (CSS) y un 20% para que ningún jubilado o pensionado reciba menos de B/. 350 mensuales.
De igual manera indicó que del 25% de ingresos se establecerá un fondo para becas en el exterior, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá. Ello incluye recursos destinados a la capacitación técnica para el trabajo.
De igual manera indicó que el 25% de los ingresos mínimos anuales serán destinados a los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón y Áreas Colindantes con el proyecto. De tales ingresos, un mínimo del 95% será para proyectos de inversión y solo hasta el 5% para funcionamiento.
Cortizo Cohen, detalló que para el manejo de estos fondos se establecerá el “Fideicomiso Conquista del Atlántico”. También explicó que “La identificación de los proyectos de inversión obedecerá a un Plan Maestro formulado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con planificación participativa de los gobiernos locales, con sus respectivas comunidades organizadas, para generar soluciones que mejoren de manera integral la vida de los habitantes de las comunidades impactadas.
También adelantó que el 5% de los ingresos mínimos anuales se dirigirán a la creación y funcionamiento del Instituto de Estudios para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, a fin de actualizar teoría y práctica de la enseñanza
Cabe destacar que el acuerdo logrado, mediante el cual se regularizan las operaciones de la empresa Minera Panamá, garantiza a Panamá beneficios similares a los asegurados a otros países de la región en materia de concesiones mineras.
Además, se logró el incremento de las protecciones ambientales en la operación minera; el establecimiento de medidas anticorrupción que garantizan transparencia en la gestión empresarial, así como facultades de supervisión del Estado y su derecho para aplicar normas cónsonas con estándares internacionales sobre elusión fiscal y materias afines
