Estamentos de Seguridad aplicarán nuevas directrices para un servicio policial inclusivo

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) ha publicado un documento denominado “POR UN SERVICIO POLICIAL INCLUSIVO DE CALIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 10 ÁMBITOS DE ACCIÓN”, proporcionado por la Experta en Derechos Humanos, María Soledad Cisternas.

Se trata de una herramienta de gestión y sensibilización que será de ayuda en el trabajo comunitario en aspectos tales como: Toma de conciencia, Acceso a la información y comunicación, Libre acceso a recintos policiales, Interacción de las personas con discapacidad con policías en la ciudad u otros asentamientos humanos, Situaciones de crisis de personas con discapacidad,  Situaciones de emergencia, Situaciones de manejo en el orden público, Delitos, Servicios de patrullaje en las fronteras, así como el Rol educativo de la policía hacia el interior de la institución y hacia la comunidad.

Iris de Valenzuela, Directora de la SENADIS, manifestó que las personas con discapacidad han enfrentado barreras que dificultan y restringen el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones y como garantes de un estado de derecho, no podemos permitir la vulneración de ningún ciudadano.

«El acceso a los procedimientos policiales, así como el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en el ámbito policial, requerirá eliminar barreras; ya que hoy contamos con instrumentos técnico- jurídicos que guían nuestro accionar cotidiano, mediante el establecimiento del modelo social de derechos humanos, que coloca su foco en la interacción con barreras a la participación plena y efectiva en la sociedad», expresó Valenzuela.

Entre los temas claves de esta herramienta de formación y atención se resaltan el acceso a la justicia y libertad, así como la seguridad de la persona; ya que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, señala que los Estados Partes deben tomar medidas para asegurar el pleno goce y ejercicio de estos derechos.

Estos principios son una prioridad del Estado y una responsabilidad de todos como sociedad, de cara a una participación plena y efectiva en la vida comunitaria.

Cabe destacar que todos los estamentos de seguridad deberán aplicar estas nuevas directrices para brindar un servicio policial oportuno para las personas con discapacidad.

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