Ante el incremento de casos de agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes (NNA) la Defensoría del Pueblo, como institución garante de los derechos humanos de todas las personas, expresa su profunda preocupación, por lo que exige que caiga todo el peso de la Ley a los victimarios e insta de manera urgente al Ministerio Público y al Órgano Ejecutivo la creación de políticas públicas que frenen los abusos sexuales contra las personas menores de edad.
Mediante comunicado la entidad reitera el llamado al Órgano Legislativo de acoger la iniciativa de la Defensoría del Pueblo presentada en septiembre del 2022, que busca imposibilitar el acuerdo de penas a las personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (NNA) para garantizar su protección a la integridad física, psicológica y moral.
Asimismo, la entidad Rectora de los derechos humanos pide a las instituciones que conforman el Sistema de Protección de Niñez y el Consejo de Niñez y Adolescencia (CONA), adoptar todas medidas necesarias para asegurar a cada niña y niño el derecho a una vida libre de violencia reconocido en el artículo 64 de la Ley No.285 de 2022 que crea el Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de Niñez y Adolescencia y el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley No. 15 de 1990.
Solicita a su vez la entidad Rectora desarrollar servicios para el fortalecimiento familiar de alcance nacional, dirigidos a promover los conocimientos y habilidades parentales para prevenir situaciones de violencia e identificar señales de alerta oportuna, así como planes en el entorno escolar que doten a las niñas, niños y adolescentes herramientas y vías de denuncias sobre situaciones de violencia o que les exponen a graves riesgos contra su integridad.
