Minera pide terminación de contratos de más de 4,000 trabajadores

Después de la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, y una comunicación formal del Ministerio de Comercio e Industrias instruyendo a Cobre Panamá a «finalizar las operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, exportación y comercialización, así como las actividades mineras en general, y tomar las medidas y disposiciones necesarias y razonables para mantener la seguridad de las instalaciones y evitar pérdidas o daños ambientales dentro del área minera», la situación del personal de la empresa ha cambiado drásticamente, destaca la minera en un comunicado.

«Cobre Panamá siempre ha respetado las leyes panameñas y, por ello, frente a este contexto, se ha visto obligada a tomar decisiones difíciles en contra de sus planes de progreso y crecimiento para su fuerza laboral», indicó la empresa.

La minera firma que se ha visto obligada a solicitar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) la autorización para la terminación de contratos de más de 4,000 colaboradores por causas justificadas de carácter económico.

Esta medida se desarrollará en paralelo al programa de retiro voluntario presentado por la empresa el pasado 3 de diciembre de la mano del sindicato UTRAMIPA. En ambos casos las prestaciones recibidas por los colaboradores son las mismas y se incluye el pago del dinero que legalmente se les adeuda. La única diferencia es que el trámite administrativo ante el MITRADEL puede tardar hasta dos meses en ser resuelto, añade el comunicado.

Es importante aclarar que algunos de los puestos de trabajo aún serán necesarios mantenerlos para «tomar indivisiblemente las medidas y previsiones que sean necesarias y razonables para mantener la seguridad de las instalaciones y evitar pérdidas o daños ambientales dentro de la zona minera”, lo cual es fundamental para evitar impactos ambientales potencialmente significativos.

Cobre Panamá reitera su voluntad de entablar un diálogo abierto y constructivo con el Gobierno, que permita abordar estas y otras preocupaciones. 

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