CoNEP pide a Corte Suprema resolver tema minero con imparcialidad

Por Redacción Panorama Económico

Frente a la grave situación que vive el país, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), manifiesta que es imprescindible que cesen los actos de violencia generados por grupos delincuenciales, cuyo único objetivo es promover zozobra y afectar la convivencia pacífica.

“Creemos que se debe respetar el derecho a la manifestación ciudadana, lo cual es fundamental en una democracia. Sin libertad es imposible vivir”, destaca un comunicado de la agrupación empresarial.

En cuanto a las demandas de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 “Que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá, S.A.”, El CoNEP destaca que “hemos instado a la Corte Suprema de Justicia, a través de la carta correspondiente, a que, cumpliendo con los trámites y requisitos del proceso, se resuelvan de forma expedita, imparcial y transparente”.

“Como hemos dicho antes, se debe discutir un nuevo código minero y paralelamente, abrir un debate sobre el futuro de la minería en nuestro país.

La suspensión inmediata de nuevos otorgamientos de concesiones de minería metálica, es necesaria hasta que se realice la modernización del código minero”, añadió el gremio privado.

Resulta necesario sanear el catastro minero, de tal manera que se archiven las concesiones vencidas y aquellas que hayan sido planteadas por empresas que al día de hoy no existen.

Fortalecer las instituciones de control es vital. Sin el control debido, cualquier actividad no sería sostenible.

“El gobierno debe darle la cara a la situación. Tiene que comunicarse con la ciudadanía de forma fluida y entender que debe hacer cambios en su modelo de gobernanza”, indica el CoNEP, presidido por Rubén Castillo.

Es menester que se siga el hilo constitucional y la legalidad. No es aceptable ninguna solución que se aparte de la Constitución Nacional.

CoNEP llama a la calma, a fortalecer la democracia, a respetar el derecho a la manifestación democrática y a evitar que se siga afectando la actividad productiva y la convivencia ciudadana.

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