Por Redacción Panorama Económico
Frente a la grave crisis que vive el país, producto de la aprobación del contrato de concesión minera mediante la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 y de las protestas surgidas en ocasión de la aprobación de la misma, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), organización comprometida con el presente y futuro del país, expresa de manera responsable y ponderada su posición con relación a los hechos que alteran la convivencia pacífica de los panameños.
Por la democracia y sus instituciones, proclamamos el respeto a la libertad de expresión y de manifestación pacífica de nuestros ciudadanos, siempre y cuando se haga de manera responsable y ordenada, condenando todo acto de violencia, actos vandálicos, destrucción de bienes públicos y privados y de toda acción que deteriore nuestra imagen nacional e internacional, según un comunicado de la Capac enviado a Panorama Económico.
Frente a los hechos que desmeritan la libre expresión del pueblo panameño, introduciendo en las manifestaciones pacíficas actos violentos y delictivos, demandamos de las autoridades competentes, las acciones que garanticen a la población su convivencia pacífica y la imposición de sanciones ejemplares a quienes intenten subvertir el orden público y la paz social en el territorio nacional.
Lamentamos profundamente, afirman los empresarios, el uso de cierres de calles y tranques de vías como medio para hacer valer posiciones, ya que estas acciones además de afectar grandemente nuestra maltrecha economía, impide el libre tránsito de quienes se dirigen a sus puestos de trabajo, a la búsqueda de servicios médicos, el transporte de productos alimenticios y de otras afectaciones que se derivan de la obstrucción del libre tránsito.
Señalamos enérgicamente que, en la búsqueda de una solución concertada, corresponde al gobierno nacional asumir el liderazgo, abriendo puentes o vías de concertación para lograr una salida al más corto plazo posible y reducir las graves consecuencias de esta crisis que afecta gravemente a todos los panameños.
Si el tratamiento jurídico para determinar el futuro del contrato de concesión minera, fuera como señalan algunos especialistas la vía jurisdiccional, reclamamos el pronunciamiento oportuno de la Corte Suprema de Justicia en el caso de las demandas de inconstitucionalidad promovidas por distintos ciudadanos de nuestro país.
Finalmente, hacemos un llamado a todos los sectores que participamos en el desarrollo social y económico de nuestro país, a disponer de los mejores esfuerzos, individuales y colectivos, para encontrar cuanto antes una salida que propicie un entendimiento nacional para superar los difíciles momentos que vivimos.
En este orden corresponde al gobierno nacional jugar un papel preponderante,
asumiendo la responsabilidad propia de ser gobernante y el liderazgo que le corresponde en la dirección del Estado panameño.
Panameños, pensemos en Panamá primero, porque llegó el momento de empinarnos sobre nuestras diferencias, despojarnos de intereses particulares o colectivos y de contribuir cada cual a la reconstrucción de este gran país.
