Por: Omar Spiegel- productor de Arroz
Introducción
El propósito de este análisis es identificar un mecanismo que brinde estabilidad, en la medida de lo posible, al mercado arrocero, otorgando un margen para que los actores de la cadena agroalimentaria, diseñen la ruta a seguir que garantice la soberanía y seguridad alimentaria del país.
Actualmente, el productor enfrenta un elevado riesgo financiero debido a los bajos precios que reciben por el quintal de arroz húmedo y sucio, valores que en la mayoría de los casos ni siquiera cubren los costos de producción.
A esta situación se suma el impacto del fenómeno de El Niño, cuyas prolongadas sequías deterioran la calidad de los cultivos y, en consecuencia, del grano que recibe la industria.
Todo esto pone en riesgo la sostenibilidad del primer eslabón de la cadena agroalimentaria, esto es, a los productores.
Contexto y antecedentes
El sector arrocero nacional ha mostrado un crecimiento acelerado, pasando de 60,000 hectáreas en 2015 a 99,000 hectáreas en 2024 lo que representa un incremento del 65%.
Igualmente, esta expansión ha estado acompañada por un aumento en la capacidad molinera del país, permitiendo no solo el procesamiento del grano local sino también garantizando el abastecimiento nacional, incluso en situaciones de emergencia como la pandemia.
El éxito de este crecimiento se debe en gran medida a: Políticas estatales coherentes con la producción nacional de arroz; regulación de importaciones protegiendo al productor local; y la participación de todos los actores de la cadena agroalimentaria en la toma de decisiones respetando los acuerdos por parte del gobierno de dichas decisiones.
Durante los últimos ciclos productivos, el productor nacional ha comercializado el arroz húmedo y sucio entre B/. 33.00 y B/. 34.00 el quintal, precio que ha permitido cierto margen en un entorno de altos costos de producción, influenciado por factores como: Aumento de precios en insumos agrícolas (fertilizantes, agroquímicos, semillas); encarecimiento de alquileres en las fincas de producción; Incremento del costo en combustible y logística; y, la escasez y/o encarecimiento de la mano de obra en algunas zonas.
A pesar de todo lo anterior, el productor nacional sigue realizando inversiones en un ambiente que depende de las bondades de la diosa naturaleza.
Acompañamiento Estatal
Este nivel de precios fue sostenido gracias al apoyo estratégico gubernamental en tres frentes, a saber: Financiamiento blando a productores y garantizar con ello capital de trabajo y mitigación de costos variables; Cadena de Comercialización por la vìa de acuerdos dentro de la cadena agroalimentaria del rubro; estabilización de precios al consumidor.
Estos acuerdos permitieron que los precios no se dispararan, logrando con ello que la población accediera al rubro a precios sostenibles.
Compensación en Vilo
La eliminación del soporte al precio de B/. 7.50/quintal, que se mantuvo por más de diez años, ha colocado al primer eslabón en una situación crítica. Situaciones ajenas al mercado local y la naturaleza en sì, han enfrentado a los productores a crecidas constantes de los costos de producción ante un precio que a diario socava las inversiones y la rentabilidad del productor, que de por sí, es baja.
De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Agricultura, el Costo Promedio de Producción por hectárea del arroz secano mecanizado en Panamá es de B/. 2,508.00.
Este sistema productivo (secano) representa el 87.5 % de la producción nacional y alcanza un rendimiento promedio de 95 quintales por hectárea en los últimos años.
Estos datos permiten establecer que el costo de producción del arroz está en el orden de B/. 26.40 por quintal.
La industria molinera paga actualmente un precio promedio que oscila entre B/.26 y B/. 27.50 por quintal, con parámetros de calidad que en la práctica reducen el precio final a niveles por debajo de 26 USD, es decir, por debajo del costo real de producción, y esto es asì porque este eslabón, bajo uso parámetros técnicos (tablas de indicadores de humedad, grano entero, entre otros elementos) determina el precio a pagarle al productor. ¿Juez y parte?
A juicio de los entendidos, este escenario coloca a los productores en una situación de pérdida recurrente, comprometiendo no solo la sostenibilidad económica del sector y el sustento laboral.
El cambio reciente de la política financiera dirigida al sector agropecuario ha profundizado el problema.
El aumento en las tasas de interés de los préstamos otorgados por la banca estatal, junto con la reestructuración del Banco de Desarrollo Agropecuario y la reducción del financiamiento por parte de las casas comerciales, constituyen algunos de los principales obstáculos que enfrenta actualmente el sector.
Amparo Legal
El sector arrocero ha demostrado una notable resiliencia frente a los distintos retos que, en el pasado, han amenazado la estabilidad de la cadena de suministro en el país: altos costos de producción, cierres de fronteras, guerras comerciales, pandemias, plagas (Spinky), problemas climatológicos e incluso prácticas de importación desleales.
Ante cada crisis, el Estado panameño ha respondido con acciones firmes, amparadas desde la Constitución Política de la República de Panamá (CPRP) hasta la actualidad, mediante la emisión de leyes y decretos orientadas a proteger la producción nacional y garantizar el acceso al rubro.
El artículo 122 de la CPRP establece que el Estado presentara atención especial al desarrollo integral del sector agropecuario, fomentando el aprovechamiento óptimo del suelo y velando por su distribución nacional y su adecuada utilización y conservación, en aras de mantener en las mejores condiciones productivas, garantizando así el derecho de todo agricultor a una existencia decorosa. Los artículos 126 y 184 de la CPRP, en algunos de sus numerales, soportan igualmente lo que dictamina el Artículo 122.
Por otro lado, la Ley 107 del 21 de noviembre de 2013, que crea el programa de incentivos a la producción nacional de granos y otros rubros agrícolas, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad alimentaria de la población panameña, a través del fortalecimiento de la actividad agrícola y el incremento de la producción de granos básicos.
Igualmente, la ley 17 del 22 de febrero de 2018, la Ley 17 de 22 de febrero de 2018 y el Decreto Ejecutivo 14 de 31 de julio de 2025, declaran al arroz como cultivo de seguridad alimentaria nacional.
Entre las disposiciones legales restantes resalta aquella que dispone que, para el cumplimiento de los fines de la política agraria, El Estado, deberá, estimular el desarrollo del sector agrario mediante asistencia técnica y fomento de la organización, capacitación, protección, tecnificación y demás formas que la ley determine; y para ello, establecerá un apoyo al arroz producido en el territorio nacional de B/.7.50 por quintal de arroz en cáscara, sucio y húmedo, monto que será revisado cada tres años.
Conclusiones
De no darse este soporte al precio del quintal de arroz, bajo las condiciones que hemos descrito, la producción nacional del grano básico de la dieta panameña no puede seguir.
Si dejamos producir las 87,000 hectáreas de arroz en Secano, con un rendimiento promedio, digamos de 95 quintales por hectárea, a razón de B/.26 por quintal, la desaparición del sector arrocero nacional rondará unos de B/. 215 millones anuales que deberán cubrirse con importaciones y la consabida fuga de divisas.
Esto implica, si el factor multiplicador de producir arroz en el país fuese de 2, se dejará de potenciar una gran cantidad de actividades que están vinculadas directamente a ese rubro cuyo derrame podría estar cerca de los B/. 500 millones anuales.
Si eso es lo que se busca, pues allí están los numeritos para que hagan cuentas.