Garrit Geneteau Delis – Periodista y docente universitario
Desde su llegada a la Contraloría General en enero de 2025, Anel Flores se ha convertido en un defensor del patrimonio público al frente de la institución. En pocos meses, sus decisiones han marcado un giro hacia el control estricto de los fondos públicos y la lucha contra privilegios indebidos, en pro de la luminosidad.
Cabe destacar, que su primera acción como contralor y que marco positivamente su gestión fue la demanda contra el contrato de concesión del Estado con Panama Ports Company (PPC). Respaldado en una auditoría forense, Flores calificó el acuerdo como “leonino y abusivo”, señalando que representa un perjuicio para Panamá. La Corte Suprema admitió la demanda, lo que generó un debate nacional sobre los beneficios de la concesión portuaria.
De hecho, en el tema de las jubilaciones especiales de los magistrados de la Corte Suprema, que les garantizarían pensiones equivalentes al 100 % de su salario. El contralor denunció la medida como un “juega vivo” en un país con serias limitaciones económicas y fiscales, además anunció una demanda de inconstitucionalidad. Incluso cuestionó la suspensión parcial del fondo, calificándola de “cosmética”.
En paralelo, Flores ha intensificado las auditorías a juntas comunales, donde en apenas 23 días se iniciaron 21 investigaciones, cifra que duplicó el ritmo de la pasada administración. Los hallazgos son millonarios: en tres meses se han reportado 43 millones. Todos los informes fueron enviados al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas.
Por último, se debe destacar la buena labor del contralor Flores que no le ha temblado la mano a la hora de fiscalizar el buen uso de los dineros públicos si importar si se trata de corporaciones multinacionales o funcionarios de alto perfil, siempre en defensa de la transparencia.