Ciudad de Panamá. – El Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar, presentó hoy ante el pleno de la Asamblea Nacional dos iniciativas legislativas, una que consiste en medidas contra la ciberdelincuencia y otro que modifica el Código Procesal Penal y dicta otras disposiciones.
El Procurador Caraballo explicó a los diputados que el proyecto que adopta medidas contra la Ciberdelincuencia, busca la adecuación de la legislación panameña al Convenio de Budapest, no solo a en respuesta a las necesidades actuales de la lucha contra este flagelo delincuencial sino también en protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en el ciberespacio.
“Con el presente proyecto de ley se adecuan los tipos penales a las nuevas realidades cibernéticas, que abarcan una amplia gama de delitos, tanto tradicionales en los que se utilizan medios tecnológicos para su comisión, como otros que se enfocan en la vulneración de sistemas informáticos y la evasión de controles establecidos y que muchas veces estas conductas quedan impunes debido a la falta de regulación adecuada en la normativa vigente”, sustentó Caraballo Salazar ante pleno de la Asamblea.
Con esta iniciativa se busca incorporar la interpretación ilícita de datos, los ataques a la integridad de los sistemas, el acoso a los menores de edad por la vía cibernética, la suplantación de identidad, la difusión no consentida de material íntimo, entre otros delitos relevantes, así mismo se ajusta el concepto de “pornografía infantil” al término más preciso de material de “abuso sexual infantil”, adecuándolo a las tendencias modernas y los estándares internacionales.
Para enfrentar la complejidad de los delitos cibernéticos, también se ajusta la legislación procesal penal para que los fiscales cuenten con herramientas adecuadas de investigación.
Con relación al segundo proyecto que modifica el Código Procesal Penal y dicta otras disposiciones tiene como objeto abordar la legislación vigente sobre incautación de datos y control judicial. Esto con el objetivo de mantener un equilibrio adecuado entre las funciones de investigación y las jurisdiccionales en nuestro sistema legal.
Resaltó el Procurador General de la Nación que el artículo 314 del Código procesal penal actual establece disposiciones sobre incautación de datos, sin hacer alusión de forma expresa a ningún tipo de información específica, lo que ha supuesto la interpretación indebida de que la información solicitada a las compañías telefónicas, distribuidoras o concesionarias, constituyen datos. Esta interpretación, según el Procurador General no se ajusta a la verdadera naturaleza de la misma, ya que no implica la entrega de mensajes o comunicaciones telefónicas, que estén protegidos por disposiciones constitucionales.
Por lo tanto, se hace necesario llevar a cabo una modificación para aclarar que dicha información queda excluida, dado que no vulnera el límite de a privacidad de los individuos.
Manifestó que es necesario agregar al Código Procesal Penal un artículo, en atención a la protección de las víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, una norma que permita receptar su declaración desde un inicio de la investigación, por medio de la figura del anticipo jurisdiccional de prueba, con todas las garantías necesarias, evitando su revictimización en juicio oral.
El Procurador Caraballo dejó claro que las propuestas legislativas presentadas en materia penal, procesal penal y de cooperación internacional representan avances significativos hacia un sistema legal más eficaz y equitativo, con el objetivo de promover el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, por lo que instó a los diputados a que consideren y respalden estas iniciativas.
