El pacto pondría fin a la controversia generada por interpretaciones legales que han afectado la competitividad del país
En cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se acordó que serán los clientes quienes deberán solicitar a sus respectivos contadores una declaración jurada con el registro contable de sus actividades.
Con este acuerdo se logra solventar la controversia que mantenían los bufetes de abogados con distintas instancias del Estado que pretendían obligarlos a llevar los registros contables de sus clientes, asunto de por si imposible de cumplir dado que tal responsabilidad escapa de su alcance y no se contempla en sus relaciones contractuales.
“Se trata de un acuerdo razonable que beneficia la competitividad del país al tiempo que se cumple con las normativas internacionales del GAFI” sostuvo el abogado Carlos Raúl Moreno, coordinador del grupo GAPIFI, organización que se creó con el propósito de lograr que la república de Panamá sea excluida de las listas negras y grises por parte de organizaciones supranacionales como GAFI y OCDE.
Ahora lo que corresponde es que los abogados soliciten a sus clientes una declaración jurada del beneficiario final o profesional que lleva sus asientos contables, indicando que es la persona responsable de llevar y custodiar los mismos, así como la dirección en la que están ubicados, agregó el coordinador de GAPIFI y presidente de la comisión de servicios internacionales del Colegio Nacional de Abogados (CNA), quien recalcó que confían en la sensatez de las autoridades. “Esperamos que en los detalles no se complique la solución y nos evitemos conflictos innecesarios que perjudicarían la imagen internacional de Panamá” advirtió.
El acuerdo en principio y por formalizar se logra luego de una serie de reuniones entre representantes del Grupo de Servicios Internacionales del Centro de Competitividad con el apoyo del Colegio Nacional de Abogados a instancias de su presidenta Maritza Cedeño y la comisión de servicios internacionales de ese gremio, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Servicios No Financiero (SSNF) representados por Dalia Palma y Dayra Carrizo respectivamente, funcionarias de alto nivel de esas instituciones del Estado.
Igualmente, por el grupo de expertos participaron, los abogados, Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales (COSIP), Carlos Raúl Moreno, coordinador del Grupo por la Igualdad Financiera Internacional (GAPIFI), Raúl Molina, secretario de la comisión de servicios internacionales del Colegio Nacional de Abogados e Irving Halman, director del Centro de Competitividad.
