Por: Redacción – Panorama Económico
El Movimiento Otro Camino desea hacer del conocimiento público su preocupación por la actual discusión del proyecto de ley 1031 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que derogaría la Ley 6 del 22 de enero de 2002. Somos de la opinión de que este proyecto de ley, lejos de mejorar la situación de transparencia y acceso a la información, incluye nuevos obstáculos para que los ciudadanos podamos ejercer ese derecho. Entre los elementos que nos preocupan podemNuevos obos señalar los siguientes:
1.- El nuevo proyecto de ley incluye procedimientos burocráticos a través de “unidades administrativas de transparencia” que pretenden crear en todas las instituciones. Al dirigirse las solicitudes a estas nuevas unidades en cada institución pública, se exime a los jefes de despacho de la responsabilidad de suministrar la información de manera inmediata, centralizando el requerimiento en esta nueva unidad administrativa, lo cual traería mayores demoras en obtener la respuesta.
2.- Se convierte a la ANTAI en la institución rectora y garante de la transparencia, pero con una dependencia total del Órgano Ejecutivo, lo que implica que antes del “Habeas Data” el solicitante deberá tramitar su solicitud ante la ANTAI, como conocedora de los casos de incumplimiento sobre el derecho de acceso a la información pública. Pero a la vez, se mantiene su misma estructura, completamente dependiente de las fuerzas políticas del poder y discreción de actuar a conveniencia del gobierno de turno.
3.- Se blinda información pública, como la concerniente a la entrega de becas y ayudas del IFARHU, ya que el proyecto, al no incluir las adecuaciones necesarias a la Ley de Protección de Datos Personales, mantiene esa asimilación entre supuestos datos privados que no son tales, con la información pública necesaria para rendir cuentas y conducta de los funcionarios. En vista de ello, se mantendrá la actual política o decisión de no entregar información pública que no es considerada de acceso restringido, para seguir ocultando la disposición ilimitada de fondos públicos.
4.- El proyecto es inconsulto, mostrándose un retroceso de 21 años con relación a cómo se aprobó el proyecto original y, peor aún, presentado dentro de un ambiente de campaña electoral que lo supedita a los intereses políticos y económicos del gobierno de turno y sus intereses electorales.
5.- Pretende perseguir a los organismos sin fines de lucro, sobre todo a los llamados a ejercer vigilancia frente a los temas de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones y del Estado en general, al incluirlos como sujetos obligados, pero sin especificar que esa obligación se limita al manejo y disposición de fondos públicos cuando amerite.
6.- Se eliminan las sanciones y responsabilidades personales de los funcionarios que incumplen con la entrega de la información pública, al impedirle a los tribunales que conocen las acciones de Habeas Data, imponérselas o exigirles responsabilidades por su incumplimiento.
Por todas estas razones pensamos que la aprobación de este proyecto de ley significaría un nuevo golpe a nuestro sistema democrático y abonaría a la continuidad de un sistema corrupto y clientelar, como el que actualmente tenemos.
