El artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá dice “no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. Asimismo, en el artículo 20 se establece que “los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley…” Estos preceptos fundamentales deben ser el faro que guía la justicia en nuestra nación.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) subraya que los fueros tanto parlamentarios como electorales no fueron creados para rehuir a la justicia, ni como patente de corso para invocarse cada vez que convenga, afirma el gremio empresarial en su columna dominical La Cámara Opina que lleva la firma de su presidente Aldolfo Fábrega García de Paredes.
Específicamente, el gremio ha indicado que el fuero penal electoral fue concebido para promover elecciones populares justas y equitativas ya que tiene su génesis en la necesidad de proteger a los candidatos a puestos de elección popular de la persecución a la que pudieran ser objeto por parte de quienes se encontraban en el poder. Sin embargo, con el tiempo, esta figura se ha deformado al punto de convertirse en una coraza de impunidad tras la cual se escudan políticos y personajes involucrados en casos de alto perfil.
Por otro lado, en el año 2018, la CCIAP presentó al país una propuesta de reformas constitucionales al Sistema de Administración de Justicia, con el objetivo de salvaguardar la independencia de criterio de quienes ejercen los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Procurador General de la Nación; buscando también corregir el procedimiento de investigación y juzgamiento entre Diputados y Magistrados, que en más de una ocasión ha sido cuestionado. En concreto, se propuso que tanto los parlamentarios como los miembros de la Corte Suprema de Justicia fueran investigados por el Ministerio Público en caso de una acusación en su contra durante el ejercicio de sus funciones.
A esto sumamos la distorsión creada alrededor del Parlamento Centroamericano (PARLCEN) y el uso desesperado, intencional y conveniente que dan ciertos diputados de este hemiciclo regional para escudarse de enfrentar la justicia nacional e internacional dista mucho del propósito por el cual Panamá se unió al PARLACEN. Ante situaciones como estas, el país debiese replantearse su participación en el mismo, señala la CCIAP.
Los elementos aquí planteados nos hacen recalcar que todos estos fueros deben ser eliminados. Las sociedades estamos llamadas a evolucionar con los tiempos; no podemos justificar su existencia por los fantasmas del pasado.
Solo con una justicia objetiva e imparcial podremos fortalecer la estabilidad política y social que nos permitirá traer al suelo Istmeño inversiones extranjeras de la talla de empresas de producción de semiconductores y similares. Además de coeducar a nuestros estudiantes sobre los valores que deben ser parte integral del tejido social de nuestro país.
Para que una sociedad evolucione y conviva de manera armónica, no pueden existir miembros superiores con privilegios que les sustraen de la justicia. Todos debemos ser iguales ante la Ley y, si los fueros y privilegios son utilizados a su favor por aquellos que pretenden evadir la justicia ordinaria y defender como corresponde, su tan reclamada inocencia y honorabilidad, entonces estamos llamados como ciudadanos a repudiar a aquellos que a su conveniencia tuercen el sistema evadiendo y enfrentando los procesos judiciales que corresponden.
