Un total de siete proponentes participaron en la subasta para contratar el servicio de limpieza y retiro de desechos ferrosos y chatarra que se encuentran en los espacios cerrados o abiertos de las instituciones y oficinas descentralizadas a nivel nacional, recaudándose por lo menos B/. 111,000 por encima de lo que se había establecido como precio base, o más de B/, 444,000 sobre lo que se tenía identificado en los pliegos de cargo, expresó el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor.
La subasta la llevó a cabo la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y constaba de tres niveles de chatarra: chatarra ferrosa, material electrónico o informático y de chatarra naval, y en los tres casos se dio un aumento en los precios base que se habían ofertado en el pliego de cargos, señaló el viceministro Almengor.
“Eso significa que ese valor por tonelada de cada uno de estos tres renglones puede subir, toda vez que cuando vayan al campo a realizar la recolección de los materiales nos daremos cuenta de cuánto es realmente la cantidad en toneladas que se va a estar retirando de cada una de las instituciones del Estado a nivel nacional”, agregó.
En cuanto a los ingresos para el Estado que generará la chatarra, Almengor apuntó que en administraciones pasadas la chatarra metálica estaba evaluada en B/. 50.00 por tonelada, mientras en esta administración, luego de homologar criterios con la Contraloría General de la República, se aumentó a B/. 62.50 por tonelada, lo cual significa una mejora de B/. 12.50 por tonelada.
Detalló que debido a que se trata de una actividad de naturaleza compleja por los riesgos y la logística necesaria para retirar, transportar, pesar y procesar la chatarra hasta su punto de embarque de salida del país, se formalizaría mediante contrato de compra-venta para garantizar un proceso adecuado, en el cual su condición principal es atender con prioridad a las entidades de mayor riesgo (Ministerio de Salud y Ministerio de Educación).
La modalidad permitirá cumplir con ciertos objetivos como son: Prevenir afectaciones a la salud pública por la acumulación de chatarra en las instalaciones y predios de las entidades; prevenir los riesgos ambientales que afectan a la ciudadanía; permitir la reutilización de las áreas liberadas para otros propósitos, como la construcción de infraestructuras, parques u otros proyectos que beneficien a la comunidad y por último, mejorar el aspecto visual del entorno, lo que puede tener un impacto positivo a nivel nacional.
El viceministro de Finanzas destacó que disponer responsablemente de la chatarra dignifica el trabajo gubernamental, señalando que en el entorno le comunica al ciudadano que lo que esta administración busca es que tanto, el ciudadano como el funcionario encuentren en las oficinas gubernamentales un ambiente digno que transmita preocupación por la comunidad y respeto por el trabajo y espacio público.
“La Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado con el apoyo del ministro Héctor Alexander, del viceministro Almengor y de todo el equipo del MEF, hemos logrado hacer esto una realidad”, dijo por su parte, Orlando Barría Frago, director de Bienes Patrimoniales del Estado, al referirse al Decreto Ejecutivo 350 del 2 de octubre de 2017, que autoriza la subasta pública.
En el proyecto se ha venido trabajando desde el 2019 y fue trastocado por la pandemia, sin embargo, se ha avanzado enormemente y hoy culminamos el primer semestre de 2023 con la realización de esta subasta pública de bienes estatales declarados chatarra, tanto por el MEF, como por la Contraloría General de la República, y los dineros que se obtengan de la subasta irán directamente al Tesoro Nacional, concluyó Almengor.
