En un periodo de 18 meses de implementación de la Facturación Electrónica, la Dirección General de Ingresos (DGI), ha recaudado B/. 405 millones y se tiene un cumplimiento de 85% entre los contribuyentes que están obligados a facturar electrónicamente, manifestó el director de la institución, Publio De Gracia.
La buena noticia es que en el año 2022 ya se rebasó lo que se recaudó en el año 2019 y eso es un síntoma de que la economía panameña regresó a los resultados registrados antes de la pandemia, por lo que la recaudación tributaria supera los períodos anteriores, subrayó.
Agregó que la economía panameña depende de dos factores: los impuestos directos, los impuestos indirectos y el tercero son los ingresos no tributarios como el Canal de Panamá, las concesiones y otros renglones.
De Gracia recalcó que en el año 2021 hubo ingresos extraordinarios producto de un pago importante que hizo uno de los puertos, después de la extensión dada por ley a su continuidad operacional en donde se hizo un aporte importante luego de la negociación.
El director de la DGI del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), añadió que, si bien en los primeros meses del 2021 hubo una baja en las recaudaciones, sostuvo que eso fue debido a la extensión que se otorgó a los contribuyentes para el pago de los impuestos, además de que los acontecimientos de 2022 como la guerra en Ucrania y las protestas del mes de julio impactaron negativamente en las recaudaciones.
“Hubo mayor cantidad de personas jurídicas y naturales tributando, pero, hubo una menor declaración en cuanto al monto declarado producto de los acontecimientos del año 2022”, comentó De Gracia.
Reiteró que la recaudación tributaria se ve erosionada por muchas situaciones como beneficios, exoneraciones, incentivos y otros que impactan en la recaudación y menos personas pagan impuestos en Panamá como consecuencia de eso.
Aseguró que hay muchos beneficios, exoneraciones e incentivos, que no son solamente las zonas francas, sino también los beneficios que tienen los mismos contribuyentes, lo que hay que establecer es que esos incentivos tengan un período fijo de tiempo.
El funcionario reiteró que otro problema es la evasión fiscal y que la DGI está investigando 104 casos por posible evasión fiscal, lo que representaría unos B/. 156 millones.
