Por: Aurelio Agustín Mejía R. – Economista
El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 representa una de las decisiones más importantes de la administración del presidente José Raúl Mulino, porque no se trata solamente de cuánto va a gastar el Estado, sino de qué país queremos construir y cuáles son las prioridades que estamos dispuestos a financiar.
El proyecto presentado por el Ejecutivo, por B/.35,111.7 millones, debe analizarse en su verdadera dimensión: es un presupuesto que mantiene prácticamente estable el nivel de gasto frente a 2026, con un crecimiento de apenas 0.6%, pero que al mismo tiempo protege una agenda de inversión pública superior a B/.12,500 millones.
Esto demuestra algo fundamental: el gobierno de Mulino está intentando combinar responsabilidad fiscal con inversión para el desarrollo.
Después de años en los que el crecimiento del gasto público y el endeudamiento se convirtieron en una preocupación creciente, el camino correcto no es simplemente recortar por recortar. El verdadero reto consiste en gastar mejor, priorizar y convertir cada balboa público en obras, servicios y oportunidades para los panameños.
Y precisamente allí está la fortaleza política del presupuesto 2027.
La propuesta prioriza sectores que tienen impacto directo en la vida de la población: agua potable, salud, educación, carreteras, transporte, vivienda, seguridad y desarrollo social. No estamos hablando únicamente de cifras presupuestarias; estamos hablando de escuelas, hospitales, carreteras, agua, vivienda y mejores condiciones para que la economía vuelva a generar empleo y oportunidades.
También es importante destacar el componente de disciplina fiscal. El presupuesto contempla un déficit de aproximadamente 2.97% del PIB, prácticamente alineado con el límite fiscal establecido para 2027.
Eso tiene una lectura política muy clara: el gobierno no está ignorando las restricciones financieras del país para satisfacer demandas de corto plazo. Está tratando de recuperar la credibilidad fiscal sin paralizar la inversión pública.
Ese equilibrio es precisamente lo que Panamá necesita.
El presidente Mulino recibió un Estado con enormes necesidades acumuladas y con una ciudadanía que exige resultados concretos. Por eso, el presupuesto 2027 debe defenderse desde una premisa sencilla: Panamá no necesita un Estado que simplemente gaste más; necesita un Estado que invierta mejor y que entregue resultados.
La discusión en la Asamblea Nacional debería concentrarse, por tanto, en la calidad del gasto, la ejecución de las inversiones y el impacto de cada proyecto, y no únicamente en el tamaño global del presupuesto.
Porque un presupuesto no se mide solamente por los millones que contiene.
Se mide por las escuelas que se construyen, los hospitales que funcionan, el agua que llega, las carreteras que se terminan, las viviendas que se entregan, los empleos que se generan y las oportunidades que se crean.
Desde esa perspectiva, el Presupuesto 2027 constituye una apuesta política y económica coherente con la visión del presidente José Raúl Mulino: ordenar las finanzas públicas, recuperar la capacidad de inversión del Estado y, al mismo tiempo, atender las necesidades reales de la población.
El mensaje debe ser claro: disciplina fiscal no significa detener a Panamá. Significa poner orden para poder volver a invertir en Panamá.
Y ese es, precisamente, uno de los principales desafíos y legados que puede dejar la administración Mulino, un país con una economía saneada y en desarrollo.