Gobierno activa auditoría a la DGI y separa a funcionarios por presuntas irregularidades

El Gobierno Nacional solicitó a la Contraloría General de la República realizar una auditoría exhaustiva a la Dirección General de Ingresos (DGI), como parte de las acciones para esclarecer presuntas irregularidades detectadas en la administración tributaria. Además, ordenó la separación de sus cargos de todos los funcionarios vinculados a la investigación y el congelamiento de los trámites fiscales que se encuentran bajo sospecha.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien explicó que las medidas fueron adoptadas de manera inmediata con el objetivo de proteger los recursos públicos, fortalecer la transparencia y preservar la confianza en la gestión tributaria del Estado.

Según Chapman, la auditoría permitirá determinar qué ocurrió, identificar las fallas en los mecanismos de control y detectar las vulnerabilidades que habrían facilitado las presuntas irregularidades investigadas.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas indicó que el esquema bajo investigación habría logrado evadir los sistemas heredados de administraciones anteriores y, de acuerdo con la información preliminar, habría estado operando durante varios años. No obstante, subrayó que ha sido la actual administración la que ha enfrentado la situación y ha puesto en marcha las acciones necesarias para esclarecer los hechos y corregir las deficiencias detectadas.

Asimismo, destacó que el congelamiento de los trámites fiscales relacionados con la investigación busca evitar que se produzcan nuevas afectaciones mientras avanzan las diligencias correspondientes.

Chapman reiteró que estas decisiones forman parte del compromiso del Gobierno Nacional con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los controles internos en la administración tributaria, con el propósito de salvaguardar los recursos del Estado y garantizar una gestión pública más eficiente.

Las investigaciones y la auditoría de la Contraloría determinarán el alcance de las presuntas irregularidades y las responsabilidades que pudieran derivarse de este caso.