Redacción – Panorama Económico
Panamá. – La Contraloría General de la República considera necesario aclarar a la ciudadanía los hechos relacionados con el comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de aportar precisión y evitar interpretaciones que no reflejan lo ocurrido.
La institución enfatiza que en ningún momento funcionarios de la Contraloría, ni el Contralor General, han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso.
Por el contrario, la entidad ha actuado de manera consistente, con absoluto respeto a las competencias de la Fiscalía Anticorrupción, como lo demuestran las 365 auditorías realizadas, así como las denuncias debidamente sustentadas que han sido remitidas a las autoridades correspondientes.
La presencia del Contralor en las instalaciones de la Fiscalía respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados por un período prolongado, superior a ocho horas, en el marco de actuaciones que generaban inquietud sobre el alcance y la forma de dichas diligencias.
La Contraloría reitera que las investigaciones constituyen un pilar fundamental del Estado de derecho y deben desarrollarse con estricto apego al debido proceso, así como con pleno respeto a las funciones de cada institución.
En ese sentido, considera igualmente importante garantizar que los servidores públicos que ejercen labores de fiscalización puedan desempeñar sus funciones sin que se generen interpretaciones que afecten su trabajo técnico.
Los panameños han sido testigos del esfuerzo sostenido de esta institución por fortalecer los mecanismos de control, documentar posibles irregularidades y trasladar oportunamente la información a las autoridades competentes, siempre en defensa del interés público.
La Contraloría General de la República reitera su disposición de colaborar con todas las instancias del Estado, dentro del marco de la ley, promoviendo una actuación coordinada que fortalezca la institucionalidad y la confianza ciudadana, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del artículo 11 de la Ley 32 de 1986, relativo a la coordinación interinstitucional entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.