Redacción – Panorama Económico
Panamá. — El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá informó la emisión de una resolución en el marco de la ejecución del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) de la mina Cobre Panamá, ubicada en **Donoso>, provincia de Colón, con el propósito de prevenir riesgos ambientales y proteger la salud de las comunidades cercanas.
La medida, oficializada mediante la Resolución N.° 27 del 7 de abril de 2026, autoriza la remoción del material que permanece expuesto en el sitio minero, cuya exposición prolongada a las condiciones climáticas representa un riesgo real de generar drenaje ácido, con posibles afectaciones al suelo y a las fuentes hídricas si no recibe un manejo adecuado.
De acuerdo con el MICI, la decisión se sustenta en evaluaciones técnicas, ambientales y legales, respaldadas por el artículo 115 del Código de Recursos Minerales, el Decreto Ejecutivo N.° 5 de 1 de abril de 2026, la Resolución 45 de 2025, el PGS y su anexo técnico, así como en los resultados de la auditoría integral independiente en curso.
La resolución habilita a la empresa Minera Panamá, S.A. para ejecutar un proceso estrictamente controlado de procesamiento del material que yace en la mina, así como la remoción y traslado fuera del país del material resultante, como una acción puntual dirigida a eliminar condiciones peligrosas identificadas en las evaluaciones técnicas.
Asimismo, se establecieron acciones específicas para garantizar el manejo seguro de estos materiales bajo criterios técnicos, ambientales y de seguridad claramente definidos. La empresa asumirá la totalidad de los costos y gastos asociados a la ejecución de estas actividades, sin representar erogación alguna para el Estado.
La entidad también precisó que, una vez el concentrado de cobre se encuentre en condiciones de comercialización, estará sujeto al pago de las regalías correspondientes sobre el producto exportado, en línea con el esquema aplicado durante 2025.
El MICI reiteró que esta decisión no implica la reactivación de la mina, sino que responde exclusivamente a una medida preventiva y controlada para evitar daños al ambiente y garantizar la estabilidad del área.
El proceso contará con supervisión permanente del Ministerio de Ambiente de Panamá, el MICI y demás entidades competentes, asegurando el cumplimiento riguroso de la normativa vigente, así como de las obligaciones de seguimiento e informes establecidas en la resolución.
Con esta acción, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la protección ambiental, la salud de la población y la toma de decisiones responsables, sustentadas en criterios técnicos, transparencia e interés público.
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