Contraloría lleva a Panama Ports Company ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades detectadas en auditoría

Redacción – Panorama Económico

Panamá. – La Contraloría General de la República presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra la Administración Pública, tras detectar presuntas irregularidades en una auditoría relacionada con el contrato suscrito entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S.A. (PPC).

La denuncia fue presentada el 17 de noviembre, a través de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, con el objetivo de que las autoridades competentes investiguen los hechos identificados y determinen si existen responsabilidades penales.

¿Quiénes están incluidos en la denuncia?

La acción comprende a quienes fungieron como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre los años 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante el mismo período.

También está incluida la sociedad Panama Ports Company, S.A.

Auditoría examinó contrato y adendas

Los posibles hallazgos están contenidos en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento relacionado con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y Panama Ports Company, así como sus respectivas adendas.

La auditoría comprendió el período del 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2024 y evaluó, entre otros aspectos, las cifras reflejadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el acuerdo original y sus modificaciones.

De acuerdo con el informe, se identificaron posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública, por lo que la Contraloría remitió al Ministerio Público la documentación y las evidencias correspondientes.

Ministerio Público deberá determinar responsabilidades

La Contraloría recordó que los servidores públicos tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes cualquier hecho que, en el ejercicio de sus funciones, pueda presentar características de delito.

Ahora corresponderá al Ministerio Público desarrollar las investigaciones, establecer si se cometieron delitos y determinar quiénes podrían tener responsabilidad penal.

La institución reiteró que continuará ejerciendo su función fiscalizadora y trasladará a las autoridades competentes cualquier hallazgo o posible irregularidad que represente una afectación a los recursos y al patrimonio del Estado.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio público la administración del contrato portuario y las decisiones adoptadas durante casi una década en torno a una de las principales concesiones de infraestructura logística del país.