Panamá. – La Contraloría General de la República decidió suspender temporalmente la participación de sus representantes en determinadas juntas directivas, mientras la Procuraduría de la Administración emite un criterio jurídico sobre el alcance de las normas relacionadas con la identificación y clasificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
La decisión se produce luego de que la Contraloría elevara una consulta a la Procuraduría con el propósito de precisar cómo deben aplicarse las disposiciones vigentes a funcionarios públicos que participan en juntas directivas en representación institucional.
El análisis toma en cuenta el Acuerdo N.° 1-2025 de la Superintendencia de Bancos, que adoptó una guía enunciativa de los cargos considerados dentro de la categoría de PEP. Entre estos figuran miembros de juntas directivas de entidades gubernamentales, empresas estatales y determinadas sociedades de capital mixto.
Funcionarios participan con voz, pero sin voto
La Contraloría explicó que algunos de sus funcionarios forman parte de determinadas juntas directivas exclusivamente como representantes institucionales, con derecho a voz, pero sin derecho a voto.
Según la institución, esta condición implica que dichos funcionarios no participan directamente en la toma de decisiones de los organismos en los que tienen representación.
Ante esta particularidad, y considerando el marco regulatorio vigente, así como las disposiciones introducidas durante 2026, la Contraloría consideró necesario solicitar una interpretación jurídica que permita establecer con precisión el alcance de estas normas en estos casos.
Medida preventiva
Mientras se espera el pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración, la Contraloría dispuso la suspensión temporal de la participación de sus representantes en estas juntas directivas.
La institución señaló que la medida tiene carácter preventivo y busca resguardar principios de transparencia, seguridad jurídica y apego al marco legal, mientras se determina la aplicación correspondiente de las disposiciones sobre las PEP.
La suspensión no constituye una conclusión definitiva sobre la condición jurídica de los funcionarios involucrados, sino una medida adoptada mientras se obtiene el criterio solicitado.
Contraloría reafirma compromiso institucional
La Contraloría General de la República reiteró que sus actuaciones continuarán regidas por la prudencia institucional, la transparencia y el estricto cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de la función pública.
El pronunciamiento de la Procuraduría será determinante para aclarar el alcance de las disposiciones aplicables y establecer el marco jurídico bajo el cual, de ser procedente, funcionarios de la Contraloría podrán participar nuevamente en juntas directivas.
Con esta consulta, la institución busca contar con certeza jurídica y evitar interpretaciones que puedan generar dudas sobre el cumplimiento de las normas de transparencia y prevención vinculadas a las Personas Expuestas Políticamente.