-La CCIAP considera razonable evaluar una eventual negociación sobre el sitio minero de Donoso, siempre que exista seguridad jurídica, fiscalización independiente y garantías de cierre sin costo para el Estado.
Redacción – Panorama Económico
Panamá. – La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) planteó la necesidad de abordar el futuro de Cobre Panamá con claridad, transparencia y responsabilidad, al considerar que el país debe evaluar alternativas que permitan atender las implicaciones económicas, ambientales, sociales y jurídicas del sitio minero de Donoso.
En su columna dominical“La Cámara Opina”, el gremio empresarial señaló que la entrega del informe final de la Comisión Interministerial al presidente de la República, el pasado 30 de septiembre, aporta nuevos elementos para analizar una situación que ha generado incertidumbre durante casi tres años.
La CCIAP reiteró que su posición se fundamenta en la necesidad de contar con información independiente, transparencia y una decisión que proteja los intereses nacionales, sin trasladar a los panameños los costos derivados del cierre de la mina.
Costos y riesgos en el centro del debate
Uno de los principales elementos destacados por el gremio son las estimaciones económicas incluidas en el informe. Según el documento, un cierre sin acuerdo podría representar entre B/.2,600 millones y B/.3,400 millones durante un período de 17 a 19 años.
A este escenario se suman reclamaciones arbitrales por al menos US$27,000 millones, que, de acuerdo con la columna, no han sido reconocidas ni adjudicadas contra Panamá.
Para la CCIAP, estas cifras evidencian la importancia de analizar cuidadosamente las alternativas disponibles, considerando sus posibles efectos sobre las finanzas públicas y los recursos que el Estado debe destinar a sectores prioritarios como educación, salud e infraestructura.
El gremio considera que la recomendación de evaluar un acuerdo para resolver los arbitrajes pendientes y avanzar hacia una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado, autofinanciado y sin prórroga constituye una alternativa que merece análisis, sin que ello implique regresar al modelo anterior ni desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Seguridad jurídica y protección ambiental
La Cámara subrayó que cualquier negociación debe sustentarse en una base jurídica sólida y definir con precisión aspectos fundamentales como la compatibilidad con el fallo judicial y la Ley 407, el régimen fiscal, el alcance de una eventual operación, la fecha definitiva de cierre y las garantías financieras necesarias.
También destacó la importancia de establecer mecanismos de fiscalización ambiental rigurosos e independientes, así como condiciones claras para la terminación de los arbitrajes, la rendición de cuentas y la publicación de los términos que eventualmente se acuerden.
“La transparencia no puede ser un requisito más. Debe acompañar todo el proceso”, sostiene la posición institucional de la CCIAP, que plantea la necesidad de mantener controles desde el mandato de una eventual negociación hasta el cumplimiento de cada una de sus etapas.
Comunidades y empresas panameñas deben ser prioridad
La columna también resalta que cualquier decisión debe considerar a las comunidades directamente impactadas, los trabajadores y las empresas panameñas vinculadas a la actividad económica de la zona.
En ese sentido, el gremio plantea que se deben garantizar oportunidades para los sectores afectados y fortalecer las capacidades de los municipios, de manera que las decisiones sobre el futuro del sitio minero contemplen tanto las obligaciones ambientales como las consecuencias sociales y económicas.
La CCIAP considera razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de la alternativa propuesta, pero enfatiza que esa etapa debe permitir conocer las condiciones concretas antes de adoptar una decisión definitiva.
Una decisión que proteja los intereses nacionales
Como principios fundamentales, la CCIAP reafirma el respeto al fallo judicial y al ordenamiento jurídico, la protección ambiental verificable, la transparencia, el establecimiento de metas claras y la garantía de que los costos del cierre no recaigan sobre el Estado ni los ciudadanos panameños.
El gremio concluye que el país debe abordar este proceso con datos, serenidad y sentido de responsabilidad nacional, procurando una solución jurídicamente sólida, ambientalmente responsable y económicamente sostenible, capaz de generar confianza y proteger los intereses de Panamá.