«El proyecto de ley 31-26 establece un nuevo régimen de incentivos fiscales para atraer inversiones, generar empleos, ampliar la oferta turística y desarrollar nuevas regiones del país».
Panamá. – El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 31-26, que establece un nuevo régimen jurídico de incentivos fiscales para las inversiones en la actividad turística de Panamá, con el objetivo de atraer capital, impulsar nuevos proyectos, generar empleos y fortalecer la competitividad del sector.
La iniciativa, que será presentada ante la Asamblea Nacional, consolida en un solo marco normativo los incentivos que actualmente se encuentran dispersos en distintas leyes especiales y busca corregir fallas de mercado, reducir barreras para proyectos de alto impacto económico y promover nuevos productos turísticos.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, junto a representantes del sector privado y turístico nacional.
Incentivos según las necesidades de cada región
De León explicó que la propuesta, enmarcada en el plan Panamá Pa’ Ti, plantea un esquema de incentivos diferenciado de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada territorio.
La estrategia busca priorizar zonas con mayores brechas de desarrollo y alto potencial turístico, particularmente regiones del Caribe panameño.
La administradora de la ATP destacó que la iniciativa pretende convertirse en una herramienta de desarrollo territorial, evitando que los beneficios fiscales sean utilizados para actividades inmobiliarias que no estén directamente vinculadas con el turismo.
“Tenemos que atraer nueva inversión, pero también proteger la calidad y modernizar la inversión turística que ya tiene Panamá”, señaló De León.
La propuesta también permitirá que la ATP establezca una guía de productos turísticos que serán promovidos de acuerdo con las oportunidades y necesidades de cada región.
Más inversión, empleo y oferta turística
El nuevo régimen busca ampliar la capacidad de alojamiento, desarrollar nuevas regiones turísticas, fortalecer el turismo comunitario y promover proyectos bajo criterios de sostenibilidad ambiental.
Además, incorpora nuevas modalidades y productos especializados, entre ellos:
- Turismo náutico.
- Turismo de reuniones y convenciones.
- Ecoturismo.
- Turismo de naturaleza.
- Turismo cultural.
- Productos turísticos de mayor valor agregado.
El propósito es aumentar la estadía promedio de los visitantes y elevar el gasto turístico dentro del país.
Apoyo a la renovación hotelera
El presidente de Apatel destacó el respaldo del sector privado a la propuesta y puso como ejemplo la necesidad de modernización de la planta hotelera nacional.
Explicó que los beneficios fiscales permitirían apoyar la renovación de establecimientos existentes, con incentivos aplicables hasta dos veces durante un período de cinco años, lo que podría traducirse en mayor contratación de personal y adquisición de equipos y servicios en el mercado nacional.
Según indicó, actualmente diez hoteles se encuentran en proceso de renovación, como parte de la recuperación del sector después de la pandemia.
Mayor fiscalización y responsabilidad fiscal
A diferencia de regímenes anteriores, el proyecto establece que los incentivos estarán sujetos a evaluaciones técnicas, objetivos de clasificación y controles permanentes.
También contempla fiscalización interinstitucional, separación contable de las actividades incentivadas y mecanismos para evitar la duplicidad de beneficios fiscales.
La propuesta busca mantener un equilibrio entre la atracción de inversiones y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Ventanilla Única Turística
Otro de los componentes de la iniciativa es una mayor coordinación entre la ATP, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Ingresos, la Autoridad Nacional de Aduanas y otras instituciones relacionadas con la actividad turística.
Para ello, se plantea la creación de una Ventanilla Única Turística, orientada a simplificar trámites, reducir tiempos de gestión y ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas.
El proyecto también incorpora herramientas tecnológicas y promueve la modernización de la infraestructura turística existente.
Un nuevo modelo de incentivos
La propuesta se alinea con los objetivos del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2025-2030 y establece un tratamiento diferenciado para territorios con deterioro urbano.
El nuevo régimen adopta un modelo basado en la corresponsabilidad entre el Estado y los inversionistas, con el propósito de que los beneficios fiscales estén vinculados a resultados concretos en materia de inversión, empleo, desarrollo territorial y fortalecimiento de la oferta turística.
De aprobarse, la nueva normativa derogaría la Ley 80 de 2012, el artículo 1 de la Ley 91 de 2017, la Ley 82 de 2019 y diversas disposiciones reglamentarias relacionadas con los actuales incentivos turísticos.
El Órgano Ejecutivo deberá reglamentar la nueva ley dentro de los 60 días hábiles siguientes a su promulgación.
📊 Impacto económico
El Gobierno apuesta a que el nuevo esquema de incentivos contribuya a movilizar capital privado hacia proyectos turísticos, especialmente en regiones con menor desarrollo, generando empleos, nuevas oportunidades para proveedores nacionales, mayor infraestructura y una oferta turística más diversificada.
Para el sector privado, el reto será convertir los incentivos en inversiones productivas; mientras que para el Estado, el desafío estará en garantizar que los beneficios fiscales se traduzcan efectivamente en más empleo, mayor actividad económica y desarrollo turístico sostenible.