«El gremio empresarial advierte que ampliar descuentos y beneficios sin una fuente de financiamiento sostenible podría impactar los precios, el empleo, la inversión y la operación de las pequeñas empresas».
Redacción – Panorama Económico
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) solicitó al Ejecutivo vetar en su conjunto el Proyecto de Ley 226, recientemente aprobado, que amplía beneficios, incorpora nuevos descuentos y aumenta otros ya existentes para jubilados, pensionados y adultos mayores.
El gremio empresarial reconoce que proteger a los adultos mayores es una responsabilidad compartida, pero advierte que las políticas sociales deben diseñarse bajo criterios de sostenibilidad financiera y económica.
A través de su columna dominical «La Cámara Opina», la CCIAP indica que los descuentos obligatorios representan una reducción directa sobre las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas, mientras estas continúan enfrentando costos asociados a planilla, alquileres, energía, insumos, financiamiento e impuestos.
“Las MiPymes no tienen capacidad ilimitada para absorber nuevas cargas”, sostiene el gremio, al advertir que el incremento permanente de costos podría obligar a las empresas a reducir márgenes, aumentar precios, posponer inversiones, limitar contrataciones o incluso dejar de operar.
A juicio de la CCIAP, ninguna de estas consecuencias beneficia al consumidor ni a la economía nacional.
Crédito fiscal: una solución que debe evaluarse
La Cámara también considera necesario atender el reclamo histórico de los sectores que han asumido beneficios establecidos por ley sin recibir un reconocimiento fiscal equivalente.
Sin embargo, señala que establecer un crédito fiscal del 100% no resolvería automáticamente el problema.
Antes de implementarlo, plantea que debe determinarse su viabilidad, el costo que representaría para las finanzas públicas y la capacidad real del Estado para hacerlo efectivo.
El gremio cuestiona además si es sostenible continuar ampliando políticas sociales mediante obligaciones impuestas directamente al sector productivo.“La política social necesita sostenibilidad”
La CCIAP sostiene que la solidaridad con los jubilados, pensionados y adultos mayores debe involucrar a toda la sociedad y no descansar de manera creciente sobre determinados sectores empresariales.
Por ello, considera necesario evaluar integralmente el régimen vigente y medir sus posibles efectos sobre inflación, precios, empleo, inversión y MiPymes, así como definir cuál debe ser la participación del Estado en el financiamiento de estos beneficios.
El gremio también plantea fortalecer el cumplimiento de los beneficios que ya existen y mejorar los servicios públicos destinados a los adultos mayores, para evitar que estos tengan que recurrir al sector privado para obtener respuestas que deberían recibir oportunamente.
Petición directa al Ejecutivo
La posición de la CCIAP expresada en su columna dominical es contundente y solicita al presidente de la República, José Raúl Mulino, vetar el Proyecto de Ley 226 y abrir una revisión integral, técnica, fiscal y económica de la iniciativa.
El debate, sostiene el sector empresarial, no debe centrarse en si Panamá debe proteger a sus adultos mayores algo que considera necesario, sino en cómo garantizar esos beneficios sin generar cargas económicas que terminen afectando a las propias familias y empresas panameñas.
“Proteger a nuestros adultos mayores es necesario. Hacerlo poniendo más presión sobre las MiPymes no es sostenible”, concluye la CCIAP.