Redacción – Panorama Económico
Ciudad de Panamá. La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) respaldó el proceso de evaluación que desarrolla el Gobierno Nacional sobre el proyecto Cobre Panamá y pidió que la decisión final se adopte en un plazo razonable, advirtiendo que la prolongación de la incertidumbre genera costos económicos, sociales e institucionales para el país.
En un comunicado, el gremio tomó nota de la información presentada por la Comisión Interministerial integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente, respecto al análisis de la Auditoría Integral del proyecto minero.
CAMIPA valoró que el Gobierno haya reiterado que cualquier decisión sobre el futuro de Cobre Panamá será adoptada con estricto apego a la Constitución, al marco legal vigente y sustentada en la evidencia técnica contenida en la auditoría independiente realizada por la firma SGS.
Según el gremio, este constituye el tipo de proceso serio, transparente y responsable que requiere un tema de esta relevancia para el país.
La organización señaló que la auditoría representa la base técnica más completa con la que ha contado Panamá para evaluar objetivamente la situación del proyecto y avanzar hacia una decisión de Estado sustentada en el interés nacional.
Asimismo, indicó que los resultados de la auditoría permiten que el debate evolucione de las percepciones hacia hechos verificables, aportando mayores elementos técnicos para la toma de decisiones.
No obstante, CAMIPA subrayó que el mismo rigor técnico exige que el proceso concluya oportunamente, de manera que el país pueda contar con una decisión definitiva que contribuya a reducir la incertidumbre que actualmente afecta el empleo, la inversión, las comunidades, la confianza de los inversionistas y la competitividad nacional.
«Cada día de indefinición prolonga costos económicos, sociales e institucionales que el país no debería seguir asumiendo», advirtió el gremio.
Como organización técnica, CAMIPA reiteró su disposición de colaborar con las autoridades, la academia y la sociedad civil en iniciativas que fortalezcan la institucionalidad minera, la gestión ambiental y la capacidad de fiscalización del Estado.
Finalmente, la Cámara Minera sostuvo que Panamá necesita decisiones responsables, pero también oportunas, y expresó su confianza en que la evidencia técnica permita al Estado avanzar, dentro del marco constitucional, hacia una decisión que brinde mayor certidumbre a los trabajadores, las comunidades, los inversionistas y al país en general.