Por: Ramsés Owen – Abogado y CPA
Panamá compite históricamente en el mercado internacional de servicios corporativos y patrimoniales con múltiples jurisdicciones especializadas en la constitución y administración de entidades extraterritoriales, así como registro marítimo.
Entre ellas destacan BVI, Belice, Anguila, Seychelles, Samoa, Nevis, St. Kitts, Islas Marshall, Islas Caimán, Turks & Caicos, Antigua y Barbuda, Granada, Santa Lucía, Curazao, Aruba, Bermuda, Barbados, Bahamas, Liberia, Montserrat, San Vicente & Las Granadinas, Dominica, Fiyi, Vanuatu, Nauru e Islas Cook, así como todos los estados de los Estados Unidos, particularmente Delaware, Wyoming, Nevada y Florida, sin dejar por fuera a las Islas Vírgenes Estadounidenses.
La mayoría de estas jurisdicciones comparte características comunes: prestación de servicios corporativos internacionales, constitución de fideicomisos, fundaciones de interés privado en algunos casos, así como servicios de abanderamiento de naves mercantes y yates.
Asimismo, prácticamente todas —exceptuando algunos pocos y los de Estados Unidos— han adoptado legislación sobre sustancia económica como respuesta a las exigencias de la OCDE, la Unión Europea y organismos multilaterales de transparencia fiscal.
Sin embargo, existe un elemento fundamental que diferencia a Panamá de muchas de estas jurisdicciones.
En la mayoría de dichos territorios no existe impuesto sobre la renta en absoluto, ni para residentes locales ni extranjeros, independientemente de si los accionistas son nacionales o internacionales. Panamá, por el contrario, mantiene un sistema territorial en el cual sí existe impuesto sobre la renta, aunque únicamente respecto de ingresos de fuente panameña -renta local-.
En el caso de ingresos de fuente extranjera vinculados a entidades con Aviso de Operación, normalmente aplica una carga del 5% derivada del régimen de dividendos, más el 2% de impuesto del Aviso de Operación, mientras que ciertas estructuras que no requieren Aviso de Operación pueden quedar exoneradas.
Aun así, la tendencia regulatoria internacional ha llevado a que casi todas estas jurisdicciones, competencia de Panamá, aprueben leyes de sustancia económica. No obstante, en la práctica regulatoria, estatutaria y administrativa, la mayoría ha incorporado excepciones razonables que han permitido preservar la competitividad de sus plataformas corporativas internacionales.
En términos generales, se exceptúan las entidades que únicamente generan intereses provenientes de cuentas bancarias o valores, aquellas utilizadas para propósitos de imagen o titularidad sin operaciones económicas relevantes, y de forma particularmente restringida las denominadas Pure Equity Holding Entities, es decir, entidades utilizadas exclusivamente para la tenencia de participaciones en subsidiarias, o para la propiedad de embarcaciones mercantes, yates e inmuebles.
En contraste, las actividades relacionadas con propiedad intelectual sí suelen enfrentar requisitos más estrictos de sustancia económica, especialmente cuando involucran explotación de intangibles, regalías o estructuras de licenciamiento internacional.
Debe destacarse que, en la mayoría de estas jurisdicciones, las excepciones no necesariamente aparecen desarrolladas extensamente en la ley principal, sino que han sido implementadas mediante reglamentos, formularios administrativos y guías regulatorias.
Este enfoque práctico ha funcionado razonablemente bien, permitiendo que empresas familiares, estructuras patrimoniales de pocos beneficiarios finales extranjeros y pequeñas y medianas empresas continúen manteniendo cuentas bancarias, títulos valores, subsidiarias e inmuebles dentro de estas jurisdicciones, sin quedar sujetas a cargas excesivas de sustancia económica, las cuales sí deben aplicar, porque es razonable y justificable, a las megaempresas, o grandes empresas.
El objetivo ha sido evitar que requisitos regulatorios desproporcionados provoquen la fuga, re- domiciliación o migración masiva de entidades hacia otras jurisdicciones más flexibles.
La experiencia internacional demuestra que un equilibrio adecuado entre cumplimiento regulatorio y competitividad corporativa resulta esencial para preservar la viabilidad de los centros internacionales de servicios financieros y corporativos. Panamá, frente a este escenario global, debe procurar mantener ese balance estratégico para no perder competitividad frente a jurisdicciones que continúan ofreciendo estructuras regulatorias más adaptadas a las necesidades de pequeñas, medianas y familiares entidades internacionales.