Redacción – Panorama Económico
Panamá. – La mañana de este viernes, Panama Ports Company, S.A. (PPC) emitió un comunicado en el que toma nota de la declaración del Órgano Judicial que informa sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la Ley N.° 5 de 16 de enero de 1997 y otras disposiciones relacionadas con su contrato de concesión.
La empresa indicó que, hasta el momento, no ha sido notificada formalmente del fallo. No obstante, sostuvo que la decisión es incompatible con el marco jurídico vigente y con la ley que aprobó el contrato que ha sustentado sus operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas, según la información disponible y la evaluación de sus asesores legales.
PPC calificó el fallo como el más reciente desarrollo dentro de lo que describe como una “campaña” del Estado panameño que, a su juicio, ha impactado a la concesión y a sus inversionistas durante más de un año mediante diversas acciones.
La compañía destacó que, en 28 años de operación, ha invertido más de 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, generando miles de empleos directos e indirectos y contribuyendo al posicionamiento de Panamá como hub logístico y portuario internacional.
Asimismo, afirmó que la concesión fue otorgada mediante una licitación internacional transparente y que ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado.
En el comunicado, PPC señaló que el fallo carece de fundamento jurídico y advirtió que podría afectar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la reputación de Panamá como centro logístico global. También indicó que se reserva todos sus derechos, incluyendo el recurso a procedimientos legales nacionales e internacionales.
Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con Panamá, sus trabajadores y las comunidades vinculadas a su operación, y manifestó su disposición a mantener un diálogo respetuoso con el Estado para evitar disrupciones y proteger la continuidad de la concesión.