«Panamá acoge el Décimo Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento».
Redacción – Panorama Económico
Panamá. – Con la participación de representantes de más de diez países, se desarrolla en la República de Panamá el Décimo Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento, un espacio de análisis e intercambio que reúne a expertos del sector público, privado y organismos internacionales para abordar los retos globales en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Catherine Cardoze presidenta de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) destacó que los desafíos actuales “no recaen únicamente sobre el oficial de cumplimiento, sino que requieren la participación de toda la línea de defensa institucional y de equipos especializados en distintas áreas, como comercio exterior, importaciones y exportaciones”.
Explicó que el crimen organizado ha mutado y, en muchos casos, “ha sobrepasado los estándares y normas que actualmente existen en Panamá y en el mundo”, citando como ejemplo la reciente designación de carteles como grupos terroristas, lo que genera “nuevas implicaciones regulatorias y económicas que deben ser comprendidas y atendidas por los sujetos obligados y las autoridades de supervisión”.
“Panamá es un país de tránsito, con una posición geográfica estratégica. Por eso debemos anticiparnos a estos riesgos y fortalecer los mecanismos de control. Hemos trabajado para salir de las listas, pero ahora el desafío es no volver a entrar”, afirmó.
El Congreso, que reúne a delegaciones de distintas partes de América, se consolida como una plataforma de cooperación regional para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de cumplimiento, transparencia y lucha contra los delitos financieros.
El experto Guillermo Hernández destacó que, tras los avances legislativos alcanzados por Panamá en los últimos años, el reto ahora es demostrar resultados concretos.
“Después de la evaluación de la cuarta ronda del GAFI, Panamá sometió su marco legal a un proceso intensivo de revisión que incluyó las leyes relacionadas con la llamada Lista Gris. Ese proceso evidenció avances significativos y notables, especialmente en la rapidez con la que el país legisló e implementó medidas correctivas”, explicó.
Dichos avances han sido reconocidos internacionalmente, pero el desafío actual según Hernández, consiste en demostrar la efectividad de esas medidas en la práctica. “El país ha hecho grandes reformas, pero ahora debe mostrar resultados tangibles: sanciones efectivas, sistemas de monitoreo funcionales y un sector financiero que aplique verdaderamente los controles”, señaló.
Entre los principales desafíos mencionó la regulación de los activos virtuales, la implementación de medidas contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación práctica de las recomendaciones del GAFI.“Panamá, por su naturaleza abierta y su papel como centro logístico y financiero regional, no puede prohibir los activos virtuales, sino que debe conocer y gestionar sus riesgos. Si la ley de activos virtuales no se aprueba más temprano que tarde, será complicado demostrar efectividad ante los evaluadores internacionales”, advirtió.
Por su parte, en su intervención, Sandro García Rojas Castillo, socio fundador de LEX QUO Group, dijo “Las 40 recomendaciones de GAFI, formuladas en 1989, fueron diseñadas para el mundo financiero de los años 90. Hoy el crimen organizado conoce los vacíos legales, regulatorios y tecnológicos; por eso debemos preguntarnos si esas recomendaciones siguen siendo suficientes para los riesgos del siglo XXI”, señaló.
El especialista advirtió que no se puede aplicar una medida única y uniforme a todas las entidades financieras, ya que cada institución enfrenta distintos niveles de riesgo.
“Una camisa estándar no le sirve por igual a todos. Las instituciones y los reguladores deben permitir enfoques diferenciados, ajustados al perfil de riesgo de cada entidad. Cada organización debe poder elegir, de un ‘buffet’ de herramientas, las soluciones que mejor se adapten a su tamaño, actividad y exposición al riesgo”, precisó.
García Rojas enfatizó que en el contexto actual es más importante conocer la transacción que al cliente. “Un cliente puede estar plenamente identificado, pero una transacción puntual podría ser riesgosa. Para detectar esas señales se necesita experiencia sectorial dentro de las unidades de cumplimiento: conocimientos navieros, industriales, químicos o farmacéuticos, según el tipo de negocio”, explicó..
“La solución no es únicamente ajustar normativas, sino fomentar un diálogo constante entre reguladores, sector privado y sociedad civil. Organizaciones como ASOCUPA fortalecen este debate y ayudan a construir métricas más relevantes y adaptadas a la realidad regional; necesitamos marcos más flexibles, herramientas modernas y personal con experiencia sectorial. Pero, sobre todo, necesitamos un diálogo público-privado sostenido que nos permita anticipar los riesgos antes de que se materialicen”, concluyó García Rojas Castillo.
Los expertos coincidieron en que Panamá debe seguir impulsando una cultura de cumplimiento inteligente, flexible y basada en riesgos, con mayor capacitación técnica y uso de tecnología. El Décimo Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento reafirma así el compromiso del país con la transparencia, la integridad y la cooperación internacional, consolidando al país como un referente regional en materia de prevención de delitos financieros.