Redacción – Panorama Económico
Panamá. – En un esfuerzo conjunto por fortalecer la protección del patrimonio del Estado y combatir la impunidad en el uso indebido de fondos públicos, la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas presentaron los alcances y funcionamiento de las nuevas medidas precautorias, enmarcadas en la Resolución No. 12-3126, recientemente publicada en la Gaceta Oficial.
El acto oficial contó con la participación del contralor general de la República, Anel Flores; el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario Franco; el magistrado vicepresidente, Pablo Chen Vallarino; y el fiscal de Cuentas, Jaime Barroso.
Desde la entrada en vigor de estas medidas, ya se han emitido más de 40 órdenes de incautación, logrando asegurar bienes valorados en más de B/.24 millones. A la vez, las irregularidades detectadas en procesos auditados ascienden a más de B/.57 millones.
El contralor Anel Flores destacó que uno de los principales retos en la recuperación de bienes estatales ha sido la lentitud en la adopción de medidas cautelares, con demoras promedio de hasta cuatro años entre la investigación y la acción efectiva.
“Existen condenas que superan los B/.70 millones, pero hasta ahora solo se han podido asegurar cerca de B/.20 millones, porque muchos bienes ya no están disponibles al momento de dictar las medidas”, explicó Flores.
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Subrayó que este nuevo marco normativo permite actuar con mayor rapidez y dentro de los límites legales, garantizando el debido proceso y una protección efectiva de los recursos públicos.
Por su parte, el magistrado Rainier del Rosario Franco indicó que estas medidas están amparadas en la Ley 32 de 1984 y el artículo 33 de la Ley 67 de 2008, que las reconocen dentro de los procesos fiscales. Afirmó también que toda acción deberá ser proporcional, fundamentada en indicios claros de irregularidad, y estará sujeta al control de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que podrá suspenderlas cuando lo considere pertinente.
Ambas instituciones coincidieron en que este esfuerzo coordinado representa un paso firme hacia una justicia fiscal más ágil, efectiva y transparente, con el objetivo de recuperar lo que legítimamente pertenece a todos los panameños.