Redacción – Panorama Económico
Panamá. – Hoy la Contraloría General de la República, informó que el Contralor, Anel Flores, ha decidido rechazar, mediante resolución, remitir a la Corte Suprema de Justicia la advertencia de inconstitucionalidad presentada contra la Resolución No. 3126-2025-Leg/PJ, de 23 de septiembre de 2025.
Dicha resolución faculta al Contralor General de la República a dictar medidas cautelares reales y personales, en virtud del “Reglamento de medidas precautorias que adopta la institución para proteger los intereses públicos”.
Según lo adelantado por la Contraloría, Flores considera que las actuaciones promovidas por el abogado ÁNGEL ÁLVAREZ, se relacionan con clientes que él representa, y que, pese al cuestionamiento público, la Contraloría no estima necesario remitir la solicitud a la Corte para su revisión.
Este hecho podría dilatar la posibilidad de que el máximo tribunal analice la constitucionalidad de las funciones que el Contralor se ha atribuido a sí mismo, al amparo de un reglamento de su propia emisión.
El Contralor habría añadido que “las personas decentes no tienen nada que temer” y que su despacho “tiene amplios poderes, que en esta ocasión serán usados”, expresión que refuerza la percepción de una tensión institucional entre el órgano de control fiscal y el sistema judicial.
En consecuencia, la decisión de no elevar la advertencia a la Corte, mantiene en suspenso el control de constitucionalidad sobre un reglamento que introduce medidas cautelares personales y patrimoniales sin previa intervención judicial, lo cual plantea un escenario de potencial vulneración de garantías constitucionales.
Diversos sectores empresariales y políticos se han pronunciado contra la resolución que otorga súperpoderes al Contralor y que puede ser utilizada para persecución sin que medie un juez que dé garantías a los investigados.