La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación ante la posibilidad del cierre del Ministerio de la Mujer y su eventual incorporación a otra entidad gubernamental. Esta medida representaría un grave retroceso en la garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Panamá.
Durante años, el Ministerio de la Mujer ha sido un actor clave en la formulación de políticas públicas con enfoque de género y en la atención integral a mujeres víctimas de violencia. La Defensoría del Pueblo ha trabajado de manera articulada con esta institución, especialmente en el acompañamiento a mujeres albergadas y a través del Observatorio Panameño de Violencia de Género, consolidándose como un pilar fundamental para la atención de casos de violencia de género.
Recordamos que, en marzo de 2022, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) instó al Estado panameño a fortalecer el Instituto Nacional de la Mujer, elevándola a rango ministerial, con las partidas presupuestarias suficientes para la aplicación y supervisión de las políticas de igualdad de género, según lo previsto en el Plan Estratégico Nacional 2019-2024, además recomendaba la protección efectiva de mujeres en situación de vulnerabilidad, el acceso a justicia, la atención psicosocial y la erradicación de la impunidad.
Asimismo, la Convención de Belém do Pará de 1994 —ratificada por Panamá— obliga al Estado a adoptar políticas activas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo campañas educativas, la formación de funcionarios y la promoción de entornos seguros e igualitarios.
Por tanto, advertimos que la eliminación del Ministerio de la Mujer podría traducirse en una mayor desprotección ante problemáticas críticas como el femicidio, la violencia doméstica, las brechas de género y la pérdida de espacios de participación y paridad para las mujeres.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellas que históricamente han sido vulneradas, y hace un llamado al Estado a no desmantelar instituciones esenciales para la igualdad y la justicia de género en Panamá.