La Defensoría del Pueblo de Panamá, en su calidad de institución nacional de derechos humanos, emite el presente llamado público de prevención, con base en su mandato constitucional y legal, ante la grave alteración del orden público que se desarrolla en la provincia de Bocas del Toro y zonas de la Comarca Ngäbe-Buglé.
- Localización geográfica del riesgo
• Provincia de Bocas del Toro (Changuinola, Almirante, Guabito, y comunidades aledañas).
• Territorios de la Comarca Ngäbe-Buglé, con especial atención a rutas de conexión con Bocas del Toro.
- Hechos recientes y constatados
• Agresiones físicas, amenazas y retención ilegal de periodistas de TVN, Telemetro y SERTV por parte de personas encapuchadas, quienes además sustrajeron equipos de trabajo y advirtieron que no se harían responsables si continuaban grabando.
• Ataques dirigidos contra medios de comunicación, lo que constituye una amenaza directa contra la libertad de prensa y el derecho a la información.
• Circulación de videos con llamados explícitos al uso de machetes y posibles armas letales, así como amenazas graves contra la vida del Presidente de la República, incluyendo expresiones orientadas a suplantar o derrocar el gobierno legítimamente constituido.
• La protesta ha derivado en una clara pérdida del carácter pacífico, dando paso a la radicalización violenta.
- Riesgos identificados
• Riesgo alto e inminente de enfrentamientos armados entre actores civiles y fuerzas del orden, con posible saldo de víctimas fatales.
• Vulneración múltiple de derechos fundamentales: vida, integridad personal, libertad de prensa, libertad de expresión, debido proceso y seguridad ciudadana.
• Posible respuesta desproporcionada del Estado si no se aplica estrictamente el uso diferenciado y legal de la fuerza.
- Recomendaciones institucionales urgentes
A la Presidencia de la República:
• Reafirmar públicamente el compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y condenar de forma categórica toda amenaza contra la vida del Presidente o intentos de ruptura del orden constitucional.
Al Ministerio Público:
• Investigar con celeridad y transparencia los hechos de violencia, amenazas y retención ilegal contra periodistas, así como los llamados a la insurrección armada.
Al Ministerio de Seguridad:
• Garantizar que la actuación de la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad se apegue a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
A la Cacica General, al Congreso General Ngäbe-Buglé, al señor Francisco Smith y a la Viceministra de Asuntos Indígenas:
• Desplegarse de inmediato en las zonas afectadas para emitir un mensaje conjunto de cese de hostilidades y restauración del diálogo.
A los líderes comunitarios, movimientos sociales y ciudadanía:
• Rechazar los discursos violentos, abstenerse de usar o promover armas en las protestas y optar por el camino del diálogo, el respeto mutuo y la construcción pacífica de soluciones.
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- Compromiso de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo mantendrá presencia activa en el terreno y ejercerá su rol de observación, verificación y denuncia nacional e internacional ante cualquier vulneración de derechos humanos.
La violencia no es la vía. La paz social y la democracia se construyen con respeto a la vida, al diálogo y a la Constitución.
Panamá, 14 de junio de 2025.