Por Carlos Alejandro González- docente
La ausencia de transparencia, rendición de cuentas y prácticas que coligan con la corrupción causan que la ciudadanía carezca de una justicia expedita en Panamá, advirtió el catedrático y abogado Miguel Antonio Bernal al referirse a la mora que persiste en el trámite de los procesos legales en el Órgano Judicial.
“Eso no existe (transparencia) en nuestro país, lamentablemente. Existe solamente cuando se trata de casos en los cuales hay un interés de parte Ejecutivo, de parte del Legislativo o del propio Órgano Judicial”, enfatizó Bernal.
Aunque en un reciente informe, la administración de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, arroja que en 2023 se evacuaron 145, 911 expedientes, de un total 195,749, varios abogados consideran que esas cifras contrastan con la mora en la tramitología de los casos y que repercuten de forma negativa en la esfera penal y civil.
Un ejemplo de lo anterior lo expresa el jurista Ángel Álvarez al sostener que existen jueces que se concentran en atender o resolver un solo procedimiento, basados en que si asumen otros recursos legales afectan las estadísticas que recaba la institución.
“Yo solo puedo atender esta petición, porque eso está agendado y si yo atiendo otra me salgo del calendario y rompo las estadísticas”, así le han contestado varios jueces, precisa Álvarez, en sus labores de litigante.
Esta situación que ocurre dentro de la administración de justicia se complica cuando en la esfera civil se producen casos que duran décadas para ser resueltos sin medir los daños o perjuicios a los involucrados en estos procesos legales.
Lo anterior se puede graficar con el caso del primer contrato minero, demandado en 1997 bajo la administración de Ernesto Pérez Balladares, pero su resolución judicial de inconstitucionalidad la emitió la Corte Suprema de Justicia en el 2017. De hecho ese fallo se ignoró e intentó mantener su vida jurídica con la firma de un nuevo contrato y que derivó en una oleada de protestas que cesó cuando el documento fue declarado inconstitucional, por segunda vez, con la decisión del Órgano Judicial.
A esto se anexan antecedentes de mora judicial en los casos de alto perfil como: Odebrecht, Blue Apple, Panama Papers y otros, que surgieron a la palestra pública en el gobierno de Juan Carlos Varela, y, que siguen vigentes, una década más tarde en la administración del actual mandatario Laurentino Cortizo.
Pese a que estos casos han gozado de un alto perfil mediático y que involucra situaciones que han afectado a la administración pública, su tratamiento en ningún momento se divorcia de la mora que persiste en el Órgano Judicial.
También la mora judicial se repite en los casos menos conocidos o de bajo perfil. Ello se refleja en lo sucedido a la sociedad Eternity Shine, que reclama desde hace 15 años la devolución de sus bienes tras ganar las acciones legales emprendidas contra Megapolis Outlets Panama.
Este caso, donde se reclama la devolución de bienes, permanece estancado en el Juzgado Quinto de Circuito Civil, que preside Mahiba Dixon, ya que no ha actuado para que a los dueños de la joyería Eternity Shine, ubicada en Multicentro Comercial y propiedad de Megapolis Outlets Panama, reciban sus propiedades, pese a las sendas disposiciones dictadas por los juzgados y el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Ante estos escenarios de mora judicial, el veterano jurista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, sostiene que los tribunales superiores tienen un gran deber para resolver este tipo de situaciones negativas o adversas al buen funcionamiento de la administración de justicia.
“Cuando se dan estas situaciones, y lo digo por experiencia propia cuando trabajé como magistrado de tribunales superiores, que uno le llama la atención al juez que dicta sentencias, evidente contradictorias, no motivadas, o se nota que no es un enjuiciamiento objetivo o apegado a la ley”, destaca Rodríguez.
De acuerdo a los juristas consultados el tema de la mora judicial tiene solución, pero se requieren cambios profundos y acompañados de buena voluntad de los operadores de la administración de justicia para que no continúen estas afectaciones.
Sugieren la aplicación de auditorías más eficientes en los despachos judiciales, mayores automatización en el tratamiento de los expedientes y creación de entes fiscales para detectar la mora judicial o hasta casos de corrupción.
Subrayan que mientras no se hagan esos ajustes persistirán las falencias que dejan entredicho la seguridad jurídica y ponen en riesgo el estado de derecho, que debe caracterizar a una democracia que trabaja en su franco desarrollo.
