Por Marcela Galindo De Obarrio – Presidente CCIAP
El término institucionalidad puede ser definido como el marco conceptual en donde se establecen los principios y valores básicos del ordenamiento jurídico. En el marco del Estado, se trata de las leyes, decretos y reglamentos, al igual que procedimientos y normas, destinadas a limitar el actuar de las instituciones y los individuos, con el objetivo de reducir la incertidumbre, mejorar la toma de decisiones, e incentivar la actividad económica del país.
Los últimos acontecimientos con respecto a la negociación del contrato con Minera Panamá han vuelto a reflejar una debilitada institucionalidad, que ha trascendido administraciones y que como nación no nos permite plantear un modelo de desarrollo a seguir, y las políticas públicas que deben acompañarlo.
En el año 2019, reiteramos esta preocupación en el documento Agenda País, ya que esto tiene un impacto directo en la productividad de los distintos sectores económicos del país; por lo que una vez más la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hace el llamado a tomar acciones que fortalezcan nuestra institucionalidad, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas.
Dentro de las recomendaciones presentadas en el documento mencionado, y que siguen siendo válidas hoy, mencionábamos la necesidad de contar con funcionarios públicos de carrera que tengan formación en gestión pública, con base en un sistema de méritos que asegure estabilidad en los cargos por competencia y probidad en el servicio, que actúen en base a criterios técnicos y científicos, que resulten ser una contraparte calificada ante locales e internacionales. Todo esto se logra mediante programas de formación que fortalezcan el talento humano y liderazgo de los servidores públicos.
Se necesita realizar análisis que permitan la transformación constante de las instituciones del Estado para que mejoren sus servicios y generen valor a la población, siempre enfocadas en el uso eficiente y óptimo de los recursos, con la gobernanza adecuada que garantice la transparencia en las mismas.
Además, debemos apostar por una modernización del Estado a través de la inversión en tecnología, y digitalización para facilitar la tramitología. Esto se traduce en transparencia; dado que, elimina la burocracia y la discrecionalidad; así como mejorando los servicios que presta el Estado.
Para que estos cambios sean reales, los mismos deben emanar y ser ejecutados por la administración pública; sin embargo, nos corresponde a los ciudadanos tomar parte en ellos. Hoy hacemos un llamado a la reflexión, a que identifiquemos nuestras debilidades con el fin de transformarlas en fortalezas que nos permitan plantear políticas de Estado tal y como lo hemos hecho, por ejemplo, con el Canal de Panamá y las actividades desarrolladas alrededor de esta.
Nada de esto será posible si continuamos trabajando en términos cortoplacistas y sin visión de Estado. Ya que solo a través de una institucionalidad fortalecida lograremos transformarnos en una nación que permita igualdad de oportunidades para todos.
