Panamá vive la peor crisis de empleo en su historia reciente, la cual, entre otras razones, encuentra su causa en una decreciente confianza por desarrollar negocios en el país producto de barreras que cada vez hacen más difícil la iniciativa empresarial o la llegada de capitales que nutran la inversión directa extranjera.
Nuestro país viene en caída libre en la clasificación internacional “Doing Business” elaborada por el Banco Mundial, que mide las regulaciones para hacer negocios en 190 países. En la última medición ocupó el puesto 86, cuando en el 2014 se ubicaba en el peldaño 55. De igual forma, desde ese año, Panamá ha experimentado un desplome en la medición del ranking de competitividad del Foro Económico Mundial. Luego de haber ocupado la posición 40 en 2012, en la última medición de 2019 nos encontramos 26 puestos por debajo en el número 66 de 141 países analizados. Mientras que países competidores como México, Colombia, Costa Rica y Perú están por encima.
Los descensos que muestran estos listados tan solo son el reflejo de cómo el libre mercado es cada vez menos libre, asediado y amenazado con mayor intervencionismo y funcionarios públicos que se extralimitan más allá de sus funciones. Hoy, es cada vez más constante la opinión de que hacer negocios en Panamá está crecientemente impactado por la burocracia, la discrecionalidad gubernamental y regulaciones sin sustento técnico. Ello está llevando a empresarios nacionales e internacionales abandonar la idea de realizar nuevas inversiones o, peor aún, reducir o relocalizar sus operaciones.
En momentos en que el país necesita generar la mayor cantidad de plazas de empleos posibles, resulta inverosímil escuchar que miles de puestos de trabajo se ponen en riesgo producto de incertidumbres generadas ante acciones o inacciones de las autoridades nacionales. Un síntoma evidente de esto es la tendencia a trasladar al Estado actividades propias del sector privado, con el único resultado de empeorar el problema que se plantea solucionar.
Como país debemos apostar por un marco donde se respete el derecho de los individuos a desarrollar cualquier actividad lícita productiva, empresarial o comercial sin cargas ni regulaciones excesivas, ni intromisiones del Estado en la administración de sus empresas. Con clara protección del Estado de Derecho, el derecho de propiedad y la responsabilidad fiscal. Son estos elementos los que ayudarán a incentivar las inversiones tanto de locales como extranjeras, promoviendo así el aumento de empleos, los aportes al fisco, un crecimiento económico transversal y, por ende, prosperidad, para todos.
