Docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad de Panamá marcharon este miércoles, 22 de noviembre, hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir el fallo de inconstitucionalidad de la ley 406 del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá.
Eduardo Flores, como rector de la primera casa de estudios superiores de Panamá anunció que entregará junto a la comunidad universitaria un documento donde se exponen los argumentos de inconstitucional del contrato minero y exigen un pronunciamiento oportuno de la CSJ.
Dicho documentos expone “el procedimiento legislativo seguido para la aprobación de este contrato-ley infringe la normativa constitucional de nuestro sistema jurídico toda vez que, en este tipo de contrato, una vez remitido a la Asamblea por parte del Órgano Ejecutivo, debe ser únicamente aprobado o rechazado mediante ley, pero no existe facultad para devolverlo a efecto de que se realicen modificaciones a su contenido como aconteció, según lo establece el artículo 159, numeral 15, de la Constitución Política”, resaltó Flores.
Igualmente el documento indica que “el contrato, contenido en la Ley 406, viola las normas constitucionales sobre el régimen ecológico que obligan al Estado a garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación (Artículo 118 constitucional)”.
A juicio del rector de la Universidad de Panamá «este contrato-ley viola el artículo u del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. (Protocolo de San Salvador), aprobado por la Ley 21 de 22 de octubre de 1992, que es parte del Bloque de Constitucionalidad, conforme a fallo de 27 de noviembre de 2014, del Pleno la Corte Suprema de Justicia.
El contrato minero atenta contra el derecho humano de los panameños de vivir en un ambiente sano e implica el abandono del Estado panameño de la protección, la preservación y el mejoramiento de ese medio ambiente”, agrega el documento, añadió.
Finalmente, Flores destaca que la Universidad de Panamá reitera su llamado a esa máxima corporación de la administración de justicia, “para que se pronuncie de manera oportuna y en derecho, pero también de conformidad con los argumentos trazados por la gran mayoría del pueblo panameño a favor de la inconstitucionalidad e inconveniencia de referido contrato minero”.
