Redacción – Panorama Económico
Panamá. – La Universidad de Panamá reafirma su compromiso con la transparencia en el desarrollo del proyecto de construcción del nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM), una de las obras más ambiciosas en la historia reciente de la institución y la más grande desde la edificación del campus Octavio Méndez Pereira.
La Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Panamá explica que el nuevo campus, que beneficiará a miles de estudiantes de San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Este, contará con 9 edificios con capacidad para atender hasta 18 mil personas en los tres turnos de clases. Se trata de una sede moderna, equipada con tecnología de punta y amplias comodidades, posicionándose como la instalación universitaria más avanzada del país, tanto en el sector público como privado.
Sostiene la Vicerrectoría Administrativa que el proceso de contratación del proyecto “Estudios, Desarrollo de Planos y Construcción del Nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito” se realizó conforme a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, asegurando transparencia, libre concurrencia y debido proceso. El acto público N° 2018-1-90-0-08-LV-045271 fue ampliamente difundido a través del portal PanamaCompra y cumplió con todas las etapas reglamentarias.
En la reunión de homologación participaron 16 empresas y, tras el proceso licitatorio, el contrato fue adjudicado el 21 de octubre de 2019 al Consorcio HCG, S.A., que obtuvo la mayor puntuación técnica (95.3 puntos, conforme a los criterios de evaluación establecidos y la evaluación técnica realizada por una comisión evaluadora especializada). Posteriormente, el contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República el 10 de diciembre del mismo año, bajo la administración del contralor Federico Humbert.
La Universidad de Panamá ha sido, en todo momento, rigurosa en el uso de los recursos públicos. Los pagos realizados al contratista han sido estrictamente verificados, basándose en trabajos ejecutados, revisados y aprobados por personal técnico institucional y por la Contraloría de la República. Hasta la fecha, la obra presenta un avance físico del 95.6 %, mientras que solo se ha pagado un poco más del 81 % del valor total contratado.
En relación con el reclamo presentado por la empresa constructora por concepto de equilibrio contractual debido a la suspensión de trabajos durante la pandemia de COVID-19 por un monto de 28 millones de balboas, tras solicitar asesoría a la Contraloría General de la República, se acordó una compensación de 15.6 millones de balboas. Con la llegada del nuevo gobierno, el rector envió una nota al Contralor, el 2 de enero de 2025 (R-D-2550-2025), solicitando una revisión de los procedimientos utilizados para fijar el monto del equilibrio contractual. A la fecha, la Universidad no ha realizado ningún pago sobre este monto.
La Universidad también aclara que no tiene responsabilidad sobre el uso posterior de los fondos recibidos por la empresa adjudicataria. Esta obligación recae exclusivamente en la empresa, la cual debe actuar conforme a la legislación fiscal y las normativas vigentes, bajo la supervisión de las entidades competentes del Estado.
La UP sostiene que su responsabilidad es asegurar que los fondos públicos asignados a la Universidad de Panamá se ejecuten con transparencia, exigiéndose la debida justificación de cada centavo previo a su desembolso, tanto por nuestro equipo técnico como por la Contraloría General de la República.
Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la ética, la rendición de cuentas y la educación superior de calidad. “Seguiremos trabajando con responsabilidad y transparencia para garantizar que cada recurso público asignado cumpla con su propósito: servir al pueblo panameño y fortalecer el desarrollo educativo del país”, concluye un comunicado emitido por la Vicerrectoría Administrativa de la UP.
