Ciudad de Panamá, 9 jul (EFE).- Trabajadores sindicados de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) e inhabilitada por un fallo judicial del Supremo panameño el pasado noviembre, pidieron al Gobierno encontrar «una solución lo antes posible» a la situación actual de la mina a la vez que exigieron que esclarezca qué sucede con el concentrado de cobre aún almacenado.
«Nosotros le pedimos al presidente (José Raúl) Mulino, por favor, que nos escuche. Vayan a la mina, reactiven el tema de las visitas, para que vean la realidad», precisó a EFE el dirigente del Sindicato Unión de Trabajadores de Minera Panamá, Michael Camacho.
Los trabajadores de Minera Panamá enviaron el pasado lunes una carta al presidente José Raúl Mulino con una serie de consideraciones para encontrar «una solución lo antes posible» a esta situación laboral, social y ambiental.
Así han propuesto crear una «mesa de diálogo» para «enfrentar los grandes desafíos económicos y sociales derivados del cierre de la mina» como el desempleo de los trabajadores y los proveedores y el concentrado de cobre que aún se mantiene, entre otros 14 puntos, destaca dicha carta.
La mina, inhabilitada por un fallo judicial del Supremo panameño el pasado 27 de noviembre tras las mayor protestas callejeras en décadas en Panamá en contra de la actividad minera, contaba con unos 7.000 trabajadores, de los cuales «2.100 más o menos se han acogido al retiro voluntario», según fuentes de la empresa minera.
El presidente panameño ha anunciado su plan de reabrir temporalmente esa gran mina de cobre de propiedad canadiense, aunque dicho proceso dependerá del resultado de un estudio ambiental sobre su estado.
Sobre ello, Camacho dijo que los trabajadores esperan es que «que se haga de una forma responsable» así como recordó que las comunidades aleadas, que trabajan directa o indirectamente con la mina, están siendo afectadas por ese cierre «abrupto».
«Las comunidades han sido afectadas de una manera directa e indirecta. Ahí habían agricultores, productores, que ahora su producto no hay forma de venderlo, los caminos están abandonados. Le hacemos una voz de llamado a la conciencia al Gobierno», acotó.
El concentrado de cobre, un peligro latente
El dirigente sindical aprovechó para advertir la peligrosidad del concentrado de cobre, que se almacena en la mina y que el gobierno pasado, según Camacho, «no esclareció» sobre el manejo de esos materiales.
«Este concentrado de cobre, en estos momentos, es un peligro para los trabajadores y para las comunidades aledañas al proyecto y para el medio ambiente», expresó.
Hay 120.000 toneladas de concentrado de cobre almacenadas en la mina, que de mantenerlo allí en espera de la autorización de exportación se ha observado “un aumento en el secado y reacciones químicas que producen gases peligrosos y elevan las temperaturas», según advierte un informe de la mina presentado el pasado abril.
El Gobierno, del expresidente de Laurentino Cortizo (2020-2024), anunció en diciembre de 2023 una estrategia para el cierre ordenado y definitivo de la mina, cuya elaboración tomará entre 6 y 18 meses a un costo de 1,5 millones de dólares, y cuya ejecución podría tomar entre 7 y 9 años con costo de entre 800 y 1.000 millones de dólares.
FQM ya inició un proceso de arbitraje internacional ante una corte con sede en Miami (EE.UU.), por 20.000 millones de dólares según datos de prensa, y ha mostrado su intención de iniciar otros en base a tratados comerciales con Canadá y Corea del Sur.
Actualmente, la mina, que comenzó a exportar en 2019 y en 2022 llegó a representar el 2 % de la producción mundial de cobre de acuerdo con los datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés), se encuentra en fase de mantenimiento y preservación.
