La República de Panamá, a través de la firma Hogan Lovells US LLP y la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ganó la demanda de arbitraje internacional de inversión, presentada por el inversionista holandés Jochem Bernard Buse, fundador, director ejecutivo, presidente y accionista mayoritario de la casa de valores Panama Wall Street (PWS), ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En el 2017, Buse demandó a la República de Panamá bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre los Países Bajos y Panamá, argumentando que la inspección, intervención y liquidación de PWS por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) violó el Tratado y lo privó de su inversión.
Buse reclamó que Panamá supuestamente incumplió su obligación de brindar trato justo y equitativo, así como del debido proceso, al arbitrariamente ordenar repetidas inspecciones de la casa de valores, y al decidir intervenir y liquidar PWS supuestamente sin previo aviso.
El fundador de PWS también demandó una supuesta falta de transparencia argumentando que la intervención y liquidación lo tomaron por sorpresa. Sobre dicha base, reclamó una indemnización de por lo menos 60 millones de dólares, más intereses y daños morales.
Tras un procedimiento arbitral de múltiples años, que incluyeron la presentación de múltiples rondas de escritos, medidas cautelares, fases de producción documentales, una audiencia celebrada en noviembre del 2021 y una segunda audiencia de cierre en marzo de 2022, Panamá logró una victoria contundente para el Estado, consiguiendo que el Tribunal desestimara por completo todas las reclamaciones de Buse, y se le denegara el resarcimiento solicitado.
En particular, tal y como argumentó Panamá, el Tribunal tuvo en cuenta la larga historia de violaciones por parte de PWS y de Buse, para considerar que éste no podía tener expectativas de que se le permitiría continuar la operación de PWS ante violaciones adicionales de la Ley de Mercado de Valores. Además, el Tribunal encontró que “las actuaciones de la SMV fueron coherentes con el régimen legal y fundadas en hallazgos de hecho”.
En cuanto al debido proceso, el Tribunal tuvo en cuenta que la SMV cumplió con lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores, brindó suficiente aviso sobre los hallazgos encontrados, y por ende “la SMV tenía justificación suficiente para concluir que la liquidación era la forma de proceder apropiada para los hechos de este caso.”
El laudo de fecha 3 de junio de 2024 ratifica el derecho y deber de Panamá de tomar medidas destinadas a la protección del interés público, especialmente en mercados altamente regulados, sin que los inversionistas extranjeros puedan cuestionar ejercicios legítimos de autoridad pública bajo el sistema internacional de arbitrajes inversionista – Estado, cuando han incurrido en serias violaciones de la ley local.
