Por Víctor Cruz – economista
La negociación y adhesión de Panamá al Acuerdo de Marrakech, mejor
conocida como la incorporación a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en 1997, le da un giro radical a la vida productiva nacional al
abrir al mercado mundial la economía panameña en la figura de las
drásticas rebajas arancelarias, donde igualmente se lleva a cero por
ciento una gran cantidad de bienes.
Desde ese instante, los actores económicos se ven abocados a realizar
sesudos análisis sobre las consecuencias de esta negociación multilateral y
lo que implicaba para sus inversiones, especialmente en el Sector
Agropecuario y en el Industrial.
Ha habido transformaciones, pero a su vez, defunciones de actividades
que, por las características de dicha negociación, ofrecían la oportunidad
de mutar de una actividad de transformación a una mera actividad de
comercialización, disminuyendo con creces el valor agregado a la
producción interna del país.
En el caso del Sector Agropecuario, esas transformaciones no son tan
fáciles de realizar, sobre todo cuando el productor, sea este pequeño,
mediano o grande, tradicional o moderno, conllevan una vida sembrando
lo que producen, con las mejoras que pueden añadirles a sus acciones con
mucho o poco apoyo gubernamental.
De esos momentos a la fecha, sendas legislaciones se han expedido en
defensa y bienestar de ambos sectores, en especial el Agropecuario, pero
parece algo de nunca acabar, ya que dichos esfuerzos parecen no cumplir
el cometido, al menos para quienes forman parte de dicho sector.
Bajo estas premisas creo que, el Gobierno Nacional, en enero pasado,
sanciona la Ley 352 (18/I/2023) denominada Programa Alimentario del
Estado (Ley PADE), la cual según indica el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA) en su sitio web, no solo, “brindará seguridad a la
producción agropecuaria del país”, e igualmente “dará estabilidad al sector
agropecuario por los próximos 25 años y que no esté a merced de los
vaivenes de los cambios políticos, generando empleos y riquezas tal como se
hace en las grandes potencias del mundo”.
Interesante vaticinio cuando se afirma que “brindará seguridad a la
producción agropecuaria del país”, e igualmente “dará estabilidad al sector
agropecuario por los próximos 25 años….”.
Con todos los vaivenes a los que está expuesto este importante sector
económico, como todas las manifestaciones naturales atípicas, incluyendo el
Cambio Climático, sería interesante poder corroborar dicha estabilidad como
se afirma en esta ley.
El ministro del ramo señaló además que “muchas leyes que han fortalecido
la sociedad panameña fueron impulsadas a través de una política de estado,
tal como se está haciendo con PADE, lo que le dará a este sector el marco
jurídico, para crear una agricultura competitiva, con acceso a las nuevas
tecnologías para aumentar su producción, abaratando los costos, lo que
brindará paz y seguridad en la sociedad panameña”.
Y que, aparte de lo anterior, “establece los lineamientos para el desarrollo del
sector agrícola y pecuario, con equidad y sostenibilidad, que asegura la
aplicación de agro tecnología, productividad, competitividad, soberanía
alimentaria y seguridad jurídica con un enfoque inclusivo, territorial,
sostenible, orientada a la generación de empleos y promoción de la
economía rural, la cual integra acciones intersectoriales, que permiten
producir alimentos en cantidad y calidad accesibles en toda la cadena de
valor y al consumidor”.
Pareciera que, según se desprende de estas palabras, no ha habido
legislación que apoye y proteja a este sector antes de esta fecha.
Sin embargo, esto no es así.
Toda legislación que sea considerada como Política Pública ha debido,
pensarse, planificarse, estructurarse, legislarse y por último, ejecutarse en
beneficio de la sociedad en su conjunto.
Si no puede cumplir con estos criterios, podrá ser una buena ley, pero su
objetivo será satisfacer alguna situación particular o coyuntural que lo
amerite.
Los primeros objetivos que se persiguen, según indica esta ley, es brindar
Seguridad y Estabilidad al sector Agropecuario, tal cual se advierte en
nuestra Carta Magna, la máxima ley de la República, que consigna que el
deber de cualquier gobierno es brindarle seguridad y estabilidad a sus
ciudadanos, naturales y jurídicos, a las diversas actividades económicas y
por ende a las inversiones y empleos que sostienen las mismas y que a su
vez, generan los recursos para que los gobiernos de turno cumplan con
parte del mandato constitucional en su gestión.
Sin embargo, llama poderosamente la atención que el gobierno de turno
expida esta ley con denominación de Política Pública y/o de Estado y el
gobierno anterior en el año 2018 veta parcialmente la Ley 628 con
lineamientos, fines y objetivos similares a los expresados en la Ley PADE.
Ante ello, hemos hecho un recorrido para conocer ciertos detalles de
algunas legislaciones o proyectos de ley que en sus articulados aspiran a la
mejora continua del sector productivo más frágil y evaluemos si los
objetivos que sustentan cada una de ellas responde al apoyo, estabilidad y
protección del mismo como le corresponde a una verdadera política de
estado.
Salvo la Ley que crea el MIDA en 1973 (Ley 12-25/enero/1973), diversos
gobiernos han expedido legislaciones en apoyo al sector, como por
ejemplo:
a- Ley 24 de 4 de junio de 2001, la cual crea el Fondo Especial para
Créditos de Contingencias (FECC)
b- Ley 25 de 4 de junio de 2001, que impulsa la Transformación del
sector, creando la Unidad Administrativa de Transformación
Agropecuaria en aras de mejorar la eficiencia económica, disminución
de costos promoción de alternativas productivas y fortalecimiento de
la gestión del agro panameño.
c- Reglamentación de la Ley 25 (modificada) y si se revisan los objetivos
de esta legislación, son similares a los de la Ley PADE.
d- Ley 44 de 15 de junio de 2015, que modifican artículos de la Ley 25,
e- Proyecto de Ley 628 de 2018, la cual aspira justamente a darle
estabilidad integral, apoyo financiero y tecnológico al sector en aras
de su mejora continua en cuanto a la eficiencia del uso de sus recursos
y con ello mejorar la productividad y competitividad de dicho sector.
Les suenan estos términos, pues sí, son los mismos que contiene la Ley
PADE.
Todos estos esfuerzos procuran la mejora del agro panameño, sin contar
con entidades creadas para salvaguardar las inversiones del mismo,
como el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Mercadeo
Agropecuario, el Instituto de Seguro Agropecuario, incluso el Banco
Nacional.
Si todo esto existe, ¿dónde está la novedad en la ley PADE que aspira a la
estabilidad y apoyo del Sector Agropecuario por los próximos 25 años?.
Para quienes no lo saben la Ley 628 de 2018, aprobada por insistencia en
la legislatura de 2018, fue demandada parcialmente por el Presidente
Varela ante la Corte Suprema de Justicia y el fallo decreta la
inexequibilidad de dichos artículos por considerarlos inconstitucionales.
La ley PADE, igualmente ha sido demandada, y si los lineamientos, fines
y objetivos son similares a la Ley 628, entonces esta legislación se perfila
a perder en la máxima instancia de justicia nacional.
Lo más triste de estos esfuerzos, que demandan muchos recursos por
parte del gobierno que los impulsa, es que todos quieren el
reconocimiento de que han sido tal o cual gobierno el que mejor ha
desarrollado su administración de la cosa pública, cuando lo ideal es
aprovechar lo bueno de los otros y mejorar o incorporar cosas nuevas en
su gestión y que su aplicabilidad coadyuve verdaderamente la mejora del
sector.
Cuando eso se de, la gestión de un gobierno podrá ser considerada con
tintes de una de visión/acción de estadista.
