La propuesta original que hoy publica un medio impreso de manera alterada, está autenticada y data de agosto 2021, sin embargo, la licenciada Odila Castillo no es servidora pública desde febrero 2021. Ciertamente, después fue contratada por servicios profesionales hasta junio del 2021, lo cual no la inhabilita legalmente ejercer la abogacía independiente.
Por otro lado, firmar una propuesta privada con un cliente no significa que de hecho se concretó la realización de la gestión», agregó el abogado.
De hecho, en la administración pública hay procesos legales extensos y el caso a que hace referencia el periodista ingresó y se firmó en la Contraloría en el 2024.
Hay evidencias contundentes de que se trata de un caso «mediático» con la perversa intención de hacer daño, pero sin ningún sustento legal, dijo el abogado de la defensa.
«Hay un tipo penal que se maneja con mucha seriedad en Panamá conocido como violencia de género que vamos a acreditar contundentemente en este caso», advirtió Castillo.
Igualmente, «contamos con una auditoria forense altísimo nivel que demuestra de manera contundente y veraz que los dineros son bien habidos, han pagado impuestos y con una trazabilidad impecable», agregó el jurista, quien anunció, además, que se interpodrán las acciones legales penales y civiles para salvaguar los derechos humanos y de presunción de inocencia perversamente violados a su clienta a través de una despiadada campaña de difamaciones.
