Un revuelo causo en las filas de los gremios periodísticos de Panamá, los recientes compromisos asumidos por el Gobierno Nacional, en nombre del Estado panameño, con la firma de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta 2, con miembros del Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), gremio que integra a los propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América.
Ante este hecho, tanto el Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) como el Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP) consideran que se debe dar el reconocimiento de la Profesión del Periodista por lo cual le hacen una llamados a las autoridades gubernamentales para que se de la apertura de un dialogo que garantice la estabilidad laboral, salarios justos y derechos profesionales para los periodistas en Panamá.
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), sostiene que las autoridades gubernamentales deben asumir acciones concretas que respalden y dignifiquen el ejercicio del periodismo en Panamá, por lo que el gremio reconoce que es un adelanto los compromisos de las autoridades gubernamentales, lo cuales representan un avance significativo en la defensa de la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia.
En su comunicado el CONAPE resalta que al contraer estas obligaciones, se hace imperativo que de igual forma, se establezca un marco regulatorio para los profesionales del periodismo, como ocurre en otras profesiones.
«Los periodistas panameños mantenemos nuestras legítimas aspiraciones de contar con una norma legal que reconozca la profesión del periodismo bajo el ejercicio de manera responsable y que fomente su profesionalización. Este marco legal es fundamental para garantizar la calidad informativa y proteger a quienes ejercen esta labor esencial para la sociedad».
Sostiene el Conape, que el Presidente de la República, José Raúl Mulino debe dar la apertura de un diálogo con los gremios periodísticos del país, quienes trabajan en conjunto para la presentación de un anteproyecto que reconozca formalmente el periodismo como una profesión fundamental para la democracia y el desarrollo social, promoviendo la profesionalización, mediante el establecimiento estándares claros de formación y ética.
Es por ello, que el gremio respalda firmemente el ejercicio de un periodismo ético y responsable, que responda al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, objetiva y transparente. Este compromiso con la ética profesional debe estar acompañado por un marco normativo que permita a los periodistas desempeñar su función bajo estándares de calidad, seguridad y reconocimiento.
Finalmente el Conape, instó al Gobierno Nacional a traducir los principios de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta 2, en políticas públicas y acciones concretas que beneficien tanto a los periodistas como a la sociedad panameña.
Entre tanto el Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP), al igual que CONAPE emitió su posición resaltando que el documento representa un esfuerzo por fortalecer la libertad de expresión y el trabajo periodístico, su implementación plantea inquietudes sobre los alcances reales de estas disposiciones, en un contexto donde las condiciones laborales de los periodistas siguen siendo precarias.
En este sentido, el SPP sostiene que la Declaración de Chapultepec adoptada en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en México, se fundamenta en una concepción liberal que aboga por el libre funcionamiento de las empresas periodísticas y el ejercicio independiente de los comunicadores. Sin embargo, esta visión, más alineada con los principios empresariales de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ignora aspectos críticos relacionados con los derechos laborales de los periodistas. El documento condena la asfixia económica a los medios, pero no aborda prácticas como los cercos mediáticos contra terceros, ni incluye disposiciones claras sobre la rectificación obligatoria de notas falsas o discriminatorias.
Destaca el gremio en su comunicado que «Aunque la Constitución Política del país garantiza la libertad de expresión e información, omite establecer derechos vinculados a la idoneidad profesional de los periodistas. Esta brecha legal se refleja en los bajos salarios, la inestabilidad laboral y la falta de mecanismos efectivos para garantizar la integridad y seguridad de quienes ejercen esta profesión».
Resalta, en 2022, el SPP propuso ante la Comisión Nacional de Salario Mínimo un ajuste que establecería un salario mínimo de 1,500 dólares mensuales para periodistas y reporteros gráficos. Sin embargo, esta iniciativa fue archivada, profundizando la vulnerabilidad económica y social de los trabajadores del sector.
El SPP reitera en su comunicado que «La libertad de prensa y expresión son pilares democráticos esenciales, pero resultan insuficientes si los periodistas no cuentan con una protección legal adecuada frente a las presiones del mercado y los riesgos inherentes a su labor. En la actualidad, la carrera de periodismo en Panamá está subvalorada, y quienes la ejercen carecen de garantías laborales, académicas y jurídicas».
Finaliza el gremio periodístico, resaltando que es imperativo que el gobierno nacional impulse acciones concretas para desarrollar un periodismo sólido, veraz y transparente que fomente el desarrollo humano y social del país. Esto requiere la elaboración de una agenda programática consensuada con la participación de gremios periodísticos, especialistas, el gobierno y el Órgano Legislativo. Es necesario crear un marco normativo moderno que garantice salarios justos, estabilidad laboral y derechos profesionales para los comunicadores.
