La Contraloría General de la República y la Universidad de Panamá dan inicio a la jornada de Auditoría Social dirigida los 81 municipios y 679 corregimientos. La primera etapa contempla 5 municipios y 49 juntas comunales de las provincias de Veraguas, Coclé y Panamá, que desarrollarán 46 estudiantes universitarios de esta academia de estudio superior.
El cronograma para el 2022, tiene previsto cubrir 17 municipios y 195 juntas comunales, en la que se auditarán 201 proyectos, apoyados por el equipo de fiscalizadores. Y para el período 2023 al 2025, se planea cubrir el resto de los 64 municipios y las demás juntas comunales.
“Para este proyecto se creó una plataforma informática denominada Control Social en Los Gobiernos, que nos proporcionará dos tipos de reportes electrónicos: Inversión Pública y Seguimiento de Suministros, que se estén ejecutando en estos municipios y sus juntas comunales con la veeduría social de jóvenes universitarios”, resaltó el Contralor Gerardo Solís.
Los cincos primeros municipios donde se desarrollará está Auditoría Social serán: Santiago, Atalaya, Ñürum, Aguadulce y San Miguelito, en conjunto con sus juntas comunales.
“Este proyecto de la veeduría a la ejecución de los proyectos en los Gobiernos Locales, involucra a la ciudadanía en el proceso de vigilancia, fiscalización y control a la administración en la gestión pública. Además, que aumentará la transparencia, mejorará la eficacia, la eficiencia en la inversión pública e incrementará la cultura nacional de rendición de cuentas”, indicó el Director Nacional de Fiscalización, Jorge Luis Quijada.
Según Solís está iniciativa está encaminada a darle espacio a la sociedad civil organizada para que se involucre en los procesos de fiscalización, a través de la participación y fiscalización ciudadana sobre el uso correcto de los fondos y bienes públicos.
Tras la firma del convenio el pasado 12 de noviembre de 2021, se inició una jornada de capacitación a 115 fiscalizadores a nivel nacional, además, se realizaron charlas de inducción a los estudiantes universitarios y a funcionarios de los municipios de Veraguas, Coclé y Panamá.
La primera veeduría realizada por la Contraloría fue durante el tiempo de pandemia del COVID-19, junto con la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Panamá, quienes llevaron a cabo una Auditoría Social (veeduría) al Plan Panamá Solidario, donde participaron 140 auditores en 278 giras de trabajo en la que fueron confeccionados 454 reportes ciudadanos sobre la distribución de bolsas de alimentos, bonos y vales digitales.