El Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Gobierno, Roger Tejada, a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que equipara la pena base o mínima del delito de homicidio simple a partir de los 12 años de prisión, e incluye como agravante cuando se ejecute este delito contra un agente de seguridad privada que se encuentre en cumplimiento de sus labores.
La propuesta, elaborada tras un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública, modifica el artículo 131, adiciona un numeral al artículo 132 y modifica el último párrafo del artículo 137 del Código Penal.
El proyecto de ley tiene como objetivo equiparar la pena base del delito de homicidio simple con la agravante dispuesta en el último párrafo del artículo 137 de dicho cuerpo normativo. Propone reformar el artículo 131 así: “Quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 12 a 20 años”.
De igual manera, se propone la tipificación como circunstancia agravante del tipo penal de homicidio, los actos que se ejecuten en perjuicio de un vigilante jurado de una agencia de seguridad privada.
En la propuesta se adiciona el numeral 12 al artículo 132 del Código Penal, de manera que será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión cuando el delito de homicidio se ejecute “en la persona de un vigilante jurado de una agencia de seguridad privada, que se encuentre en cumplimiento de sus labores”.
El proyecto se presenta luego de un prolijo y exhaustivo esfuerzo interinstitucional, a razón de que en los últimos años la sociedad panameña se ha visto impactada por actos de violencia con el resultado de pérdidas de vidas humanas.
De igual forma, el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, aprobó extender el subsidio de electricidad durante el mes de diciembre de 2022, medida que beneficia a 1,144,134 clientes; es decir, el 92% de los facturan por consumo con las empresas de distribución eléctrica.
Con este subsidio, todos los clientes con consumo menor de 300 KwH tienen un descuento del 48% en su factura, mientras que para los que consumen entre 350 hasta 750 Kwh será del 34%.
Desde el inicio de la pandemia, dicho aporte extraordinario al Fondo de Estabilización Tarifaria ha representado para el Estado más de B/.390 millones; para el período que se extiende el subsidio eléctrico, del 1 al 31 de diciembre de este año, la estimación del gasto es de B/.11.12 millones.
El Gabinete también aprobó la celebración de la adenda No.16 del Contrato No.21-10 de Concesión Administrativa, a suscribir entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y la empresa de Transporte Masivo de Panamá, S.A., para el diseño, suministro y operación del sistema de movilización masivo de pasajeros en el área metropolitana de Panamá.
La adenda No. 16 tiene como objetivo modificar el primer párrafo de la cláusula quinta del contrato de concesión; es decir, la vigencia, y se extiende la duración de la concesión por 10 años más contados desde la fecha en que el concesionario fue notificado de la orden de proceder hasta el 4 de agosto de 2035.
La adenda debe servir para equipar los períodos de vigencia del Contrato 21-10 para que su vencimiento se ajuste dentro de los términos de ejecución de un futuro contrato por suministro de implementación y mantenimiento del Sistema de Ayuda a la Explotación, que pretende suscribir Transporte Masivo de Panamá con el proponente a quien se le adjudique en acto público correspondiente.
El término del contrato 21-10 es hasta el 2025; sin embargo, el acto público para la modernización del sistema contemplará una vigencia que se extiende por 10 años más. Añade que Transporte Masivo de Panamá S.A., al brindar un servicio público de transporte se ve en la necesidad de actualizar el sistema tecnológico de control de flota, por lo que tiene que convocar a la mayor brevedad, a una licitación pública para el proyecto de suministro, implementación u mantenimiento del Sistema de Ayuda a la Explotación.
La implementación del Sistema de Ayuda a la Explotación permitirá realizar el monitoreo y trazabilidad de la flota de buses, que incluye, entre otros aspectos, un sistema de videovigilancia a fin de prevenir o reducir los casos de accidentes, percances o incidencias mediante el monitoreo del recorrido de los buses, lo que redundará en mejoras, eficiencia y calidad de servicio de los usuarios del sistema masivo de pasajeros.