Tras la labor de observancia realizada por Oficiales de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de manera presencial en las protestas, manifestaciones y cierres en los meses de octubre y noviembre la Institución concluyó que hubo vulneración de los derechos humanos a la seguridad física y personal, a la educación, salud, alimentación, libre tránsito, libertad, ambiente sano, sindicalización, libertad de prensa, expresión, opinión, derecho a manifestarse y a la consulta ciudadana.
Estos hechos se sustentan en el incumplimiento del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2017 y firma de un nuevo contrato minero sin consulta pública y una participación efectiva de la ciudadanía, falta de interlocutor del Estado para restablecer la paz social por medio del diálogo, exceso de uso de gas lacrimógeno por unidades de la Policía Nacional y uso desproporcionado de fuerza no letal ocasionando graves afectaciones a la integridad física como pérdida de visión.
A fin de salvaguardar los derechos humanos de la población durante las situaciones de conmoción social registradas en los meses de octubre y noviembre producto de las protestas, manifestaciones y cierres en contra del contrato minero, la Defensoría del Pueblo realizó 570 salidas del Plan de Acompañamiento Ciudadano (PAC), 363 acompañamientos en calle ante posible vulneración de derechos y 207 seguimientos; además registró 560 detenciones y 114 personas heridas a nivel nacional; así como la pérdida de 5 vidas humanas.
Actualmente y con el objetivo promover oportunas investigaciones de oficio, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7 del 5 de febrero de 1997, la Defensoría del Pueblo registra 14 quejas de oficio, 12 en contra de la Policía Nacional y 2 en contra de la Universidad de Panamá. Adicional, se da apertura a 8 quejas de manera personal en contra de la Policía Nacional. Hasta la fecha, se registra un total de 22 quejas.
Por lo anterior la Institución Nacional de los Derechos Humanos recomienda garantizar y salvaguardar la vida de las personas, la participación de grupos de ambientalistas para el cierre ordenado y responsable de la mina y en adelante; respetar el derecho a la consulta, garantizar el derecho a las protestas y manifestaciones priorizando el diálogo antes que la represión, que el Ministerio de Educación (MEDUCA) cree un plan de contingencia para garantizar el derecho a la educación cuando haya paro docente y que el gobierno brinde ayuda a quienes resultaron lesionados productos de las manifestaciones.
