Unificar criterios, alcanzar consensos y compartir la forma de interpretar y aplicar las normas que establece la Ley 22 en materia de contrataciones públicas, fue el objetivo del conversatorio organizado por la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) en el que se abordó el equilibrio contractual y las modificaciones a los contratos de obra pública.
Dentro de la temática del evento se analizaron los procedimientos de costos adicionales por decisiones de las entidades contratantes, el trámite de las Adendas de contratos, la modificación de los contratos por interés público y el reconocimiento y pago de los intereses moratorios.
En la organización del evento participaron, junto a la CAPAC, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
En su desarrollo estuvieron presentes representantes otras entidades públicas que ejecutan obras de inversión mediante contratistas privados. Asistió, además, un número importante de contratistas de obras.
“Para CAPAC estar reunidos y poder debatir de manera objetiva y profesional aspectos relacionados con el equilibrio contractual, la modificación de los contratos de obras, el reconocimiento de costos por mayor permanencia y el reconocimiento y pago de los intereses moratorios, es una oportunidad que apreciamos y valoramos en su justa dimensión”, planteó Carlos Allen, presidente de la CAPAC.
Allen reconoció que existen diversas opiniones entre los miembros de la CAPAC sobre cómo abordar el desequilibrio de las condiciones pactadas en contratos con el Estado y las modificaciones que en algunos casos tratan de introducir las entidades públicas.
La ley de contrataciones públicas establece que el contratista tiene derecho al cobro de los intereses moratorios, por mayor permanencia en obra. Además, tiene derecho a cobrar los aumentos en materiales contratados con el Estado a un precio y se disparan por razones ajenas como una pandemia, una guerra o limitaciones en el transporte marítimo.
De acuerdo a la CAPAC, lograr un consenso en la ejecución de la ley de contrataciones públicas generaría un mejor clima de las inversiones en el país y fortalecería la seguridad jurídica y estimularía el crecimiento de la economía.
Por otro lado, eso repercutiría en el pago a tiempo por parte del Estado de las obras contratadas y cerraría el círculo del desequilibrio contractual que afecta la ejecución de las obras que no se culminan a tiempo lo que trae consecuencias negativas para el desarrollo del país y a su población.
Luego de concluido el conversatorio, los representantes del sector público y privado reconocieron las bondades de esta iniciativa y asumieron el compromiso de dar seguimiento a los temas tratados en la compleja dinámica de las contrataciones públicas.
