Redacción – Panorama Económico
Chiriquí. – Desde la Asociación de Promotores de Chiriquí (APROCHI) recibimos con optimismo el anuncio del Órgano Ejecutivo sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional del 12 de mayo al 26 de junio, así como la presentación del proyecto de ley que suspende los efectos de la Ley 468 de 2025 y restablece temporalmente la vigencia de la Ley 3 de 1985 sobre los intereses preferenciales.
Este paso abre una ventana de oportunidad para realizar los ajustes urgentes y técnicamente viables que venimos solicitando como gremio comprometido con el desarrollo habitacional, la generación de empleo y el bienestar de miles de familias panameñas.
Algunas modificaciones introducidas a la Ley 468, lejos de estimular el desarrollo, ha provocado la paralización del financiamiento bancario y ha detenido numerosos proyectos habitacionales en nuestra región. Esto afecta no solo al sector construcción, sino a toda la cadena productiva asociada: trabajadores, proveedores, comunidades y, especialmente, a las familias que sueñan con su primera vivienda.
Hoy más que nunca, reafirmamos que la vivienda es un derecho, no un privilegio. Por ello, reiteramos nuestro llamado a los Honorables Diputados para que actúen con visión de país y sensibilidad social, atendiendo las siguientes propuestas clave:
- Derogar el Artículo 12 de la Ley 468. Este artículo obliga a los bancos a renegociar los créditos seis meses antes de finalizar el subsidio, sin haber sido previamente consensuado con el sector financiero. Ha generado incertidumbre operativa y ha detenido la aprobación de nuevos préstamos. Su derogación es indispensable para restablecer la confianza en el sistema y permitir que la banca continúe siendo aliada de las familias panameñas.
- Confirmar la entrada en vigor de la Ley 468 para el 1 de enero de 2026. La ley entró en vigor desde su promulgación el 24 de abril de 2025, generando incertidumbre jurídica sobre los trámites en curso. Respaldamos la propuesta del proyecto de ley 19-25 del Ejecutivo, que establece como nueva fecha de entrada en vigencia el 1 de enero de 2026, permitiendo una transición ordenada, clara y justa para compradores, promotores y entidades financieras.
- Eliminar la restricción de ocupación de la Ley 3 de 1985. Esta normativa limita los subsidios a viviendas con permiso de ocupación anterior al 1 de agosto de 2025, lo que deja en un limbo legal a cientos de hogares listos para ser entregados entre agosto y diciembre de este año. Proponemos reemplazar este requisito por la fecha de escritura pública al 31 de diciembre de 2025, criterio ya avalado por las autoridades competentes, que evita castigar a las familias por tecnicismos.
Estas solicitudes no son simples observaciones técnicas, son acciones necesarias para proteger empleos, movilizar comunidades, sostener el dinamismo económico y, sobre todo, para no fallarle a las familias que han hecho todo lo posible para acceder a un hogar digno. Hoy, más que nunca, necesitamos una legislación que refleje la realidad del país y respalde a quienes están en el terreno construyendo esperanza.
¡Panamá necesita soluciones realistas, empáticas y viables. El momento de actuar es ahora!
