La Asamblea Nacional reiteró su voluntad política de avanzar en la discusión, artículo por artículo, del proyecto de Ley de Extinción de Dominio por Actividades Ilícitas y reitera su firme oposición contra del terrorismo, trata de personas, tráfico de armas y cualquier otra actividad relacionada, expresó el presidente de este órgano del Estado, Crispiano Adames.
“Esta Asamblea tiene la voluntad de ir contra cualquier tipo de modalidad ilícita que atenta contra las futuras generaciones de panameños y quebrar la inspiración de fuentes financieras del crimen organizado”, sentenció Adames.
Las palabras de Adames se dan durante el anuncio que el próximo jueves se retomará la discusión, en primer debate, del proyecto de Ley 625, “que adopta la legislación de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos”, con la presencia de autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público y la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
En tal sentido, el presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Leandro Ávila, comunicó que la mecánica de discusión será simultánea (comisión de trabajo y una mesa técnica), donde se homologuen los artículos y posterior aprobación inmediata, para al final disponer de una ley que goce del mayor consenso posible de toda la sociedad panameña.
Adelantó que muy probablemente el jueves próximo se inicie el primer debate luego de la recepción del informe que debe presentar la subcomisión que lleva el tema y que preside el diputado Víctor Castillo.
El diputado Ávila aprovechó para invitar a todos los sectores del país, abogados, gremios, instituciones del Estado y sociedad organizada para que acudan a realizar sus aportes en la discusión de esta normativa.
Por su lado, el Procurador General encargado, Javier Enrique Caraballo Salazar, anunció que el Ministerio Público ya tiene preparado el personal de fiscales con el conocimiento necesario en la materia.
Explicó que, aunque el proyecto que se discutirá será en extremo técnico, existe una diferencia importante en el uso de bienes y extinción de dominio, sobre todo porque el comiso depende de la existencia de una sentencia penal en contra de las personas vinculadas, mientras que la extinción de dominio no.
Al respecto, Caraballo presentó como ejemplo el hecho de que a diario se presentan situaciones en donde patrimonios ilícitos se escapan al comiso y de alguna manera las autoridades se tienen que conformar con ver a personas que usan ese patrimonio sin que la ley los alcance.
Dijo que el caso de personas que se dedican al narcotráfico es uno de ellos cuando se le apertura un caso y consiguen salir del país dejando sus bienes a nombre de familiares o personas de confianza, continuando así usufructuando del patrimonio que recopilaron.
Igualmente, cuando estos traficantes son ajusticiados y los bienes son heredados por terceros y no existe proceso penal para perseguir a los que se benefician del caudal ilícito. “Estos son algunos temas que pueden ser resueltos con una Ley de Extinción de Dominio”, apuntó el procurador encargado.
Asimismo, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, reconoció que la ley será una jurisdicción especial que requerirá fondos económicos, pero lo principal es el recurso humano y señaló que ya hay personal preparado y otros formándose en la jurisprudencia.
Más de ochos países de la región ya han adoptado este tema legal, algunos con fracasos, otros con retrocesos, pero algunos con avances importantes en el resquebrajamiento de este accionar delictivo.
ASAMBLEA NACIONAL
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