Por Adolfo Fábrega García de Paredes- Presidente CCIAP
El Presupuesto General de Estado para la Vigencia Fiscal 2024 es una de las principales herramientas de política pública con la que cuenta Panamá para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En este sentido, es urgente que dicho instrumento cuente con objetivos relevantes como la Educación. Además, que esté estructurado de manera que reduzca significativamente en el gasto de funcionamiento, incrementando el ahorro corriente y destinando recursos a la inversión pública prioritaria como, reiteramos, la transformación Educativa.
Frente a un aumento preocupante de 20%, unos B/. 5,175 millones entre 2023 y 2024, en medio del proceso electoral, se hace urgente una revisión exhaustiva en el gasto de funcionamiento que permita optimizar los recursos disponibles. Uno de los puntos principales en esta área es el análisis detallado de la planilla estatal: reducir el número de posiciones innecesarias y eliminar duplicidades en la administración pública. Los datos muestran que durante los años 2020 al 2023, el gasto en planilla alcanzó la preocupante cifra acumulada de B/. 15,341 millones, lo que evidencia la necesidad de un enfoque eficiente en esta área.
Asimismo, es vital revisar las leyes especiales que generan un aumento en el gasto de planilla, sin que en la mayoría de los casos haya una evaluación de desempeño que sustente estos aumentos. Durante el mismo periodo mencionado, se destinaron B/. 2,532 millones a este concepto. Esto hace primordial que se haga una evaluación de aquellas leyes que no contribuyen al desarrollo de la sociedad y que permitirán liberar recursos para la inversión como único vehículo hacia la prosperidad a largo plazo.
La importancia de las Finanzas Públicas y la Responsabilidad Fiscal radica en su capacidad de mejorar la calidad y eficiencia del gasto público. Garantizar una adecuada relación costo-beneficio es esencial para promover el Progreso Social. De igual forma, la transparencia en la publicación oportuna de las cifras de ejecución presupuestaria es crítica, ya que permite la rendición de cuentas y un análisis por parte de la Sociedad que admite medir la efectividad del gasto público.
La inversión en sectores estratégicos como la Educación es una apuesta acertada. El fortalecimiento del sector educativo, asignándole el 7% del PIB en el presupuesto de 2024 (equivalente a B/. 5,735 millones), es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, es importante recordar que el objetivo no es solo incrementar el gasto, sino mejorar la calidad de nuestro sistema de manera significativa y medible, esto es clave para mejorar la vida de los panameños.
En cuanto al área de la Justicia, es alentador que el presupuesto nacional de 2024 contemple el 100% del monto solicitado, B/.700 millones, para garantizar la efectividad de los programas y actividades. Dado el contexto actual de lucha contra la corrupción y la búsqueda de justicia en el país, es esencial que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público sean acordes con la importancia de sus funciones y los resultados esperados. La independencia, seguridad y calidad de la justicia son fundamentales para consolidar el Estado de Derecho, asegurar los derechos de todos los ciudadanos, y un ambiente de negocios robusto.
Un punto crítico que debe abordarse es el cumplimiento de las obligaciones de cuentas por pagar a proveedores por parte del Estado. La falta de agilidad en estos procesos afecta negativamente a cientos de empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, que dedican recursos significativos para brindar bienes y servicios al Estado. Esta situación, marcada por la burocracia y las prolongadas demoras en los pagos, genera incertidumbre en el sector privado y afecta el desempeño tanto de las empresas como de la población en general.
En conclusión, el Presupuesto General de Estado para la vigencia fiscal 2024 debe enfocarse en una política fiscal responsable y eficiente que fomente la reducción del gasto de funcionamiento y priorice la inversión pública en áreas estratégicas como la Educación y la Justicia. La transparencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores son aspectos críticos para alcanzar un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los panameños. Un enfoque centrado en resultados y la optimización de los recursos serán clave para el progreso y bienestar de la nación.
